La democracia del régimen del 78

Una transición modélica

Todos sabemos que la Transición democrática fue un paso ejemplar de un régimen dictatorial a un régimen democrático con libertades políticas, en un proceso pacífico. En aquel difícil momento Franco muere poniendo punto final a una situación excepcional de dictadura y gran crecimiento económico. Había que pasar página y equipararse a los países de nuestro entorno.

Sin embargo la Transición tuvo muchos defectos. Hubo que hacer concesiones a las familias de poder que manejaban los hilos de la política y a los nacionalismos, entre otros. Saliendo de una dictadura, con poco se podía contentar a una población que suspiraba por vientos de más libertad y apertura.

La Constitución Española, con todas sus virtudes y su espíritu conciliador nos ha dado décadas de paz, libertad y derechos, pero no ha sido capaz de asegurar el correcto funcionamiento de la separación de poderes, clave para que haya una verdadera soberanía del pueblo, y para que los contrapesos entre esos poderes eviten los abusos y la corrupción generalizada.

Los primeros gobiernos, gracias a la altura moral y de principios de sus líderes y representantes, se auto-censuraban y evitaban comportamientos abusivos. Por desgracia, hoy esa altura moral brilla por su ausencia, y se han manifestado claramente las lagunas legales que permiten a la presidencia del gobierno y a sus grupos políticos con mayoría en el Congreso y Senado, cometer infinidad de tropelías: saqueo de dinero público, decretos leyes abusivos, un gasto político desbordado de asesores y adláteres sin control, control de la Justicia por parte del legislativo y ejecutivo, abuso de los medios de comunicación públicos (y privados), mismas personas en el Ejecutivo y el Legislativo, entre otras muchas.

Desde Ciudadano Crítico coincidimos en el diagnóstico de la Junta Democrática de España, sobre el carácter partitocrático del actual régimen, que cada vez da menos protagonismo a los votantes y más a sus propias decisiones oligárquicas, tomadas dentro un pequeño grupo de personas (los líderes de los partidos nacionales). Si quienes deciden son esas cinco o seis personas, ¿para qué sirve un Congreso y un Senado con 500 asalariados de lujo cuyo único papel es dar al botón que les ordenan? Porque ni siquiera se preocupan de sus respectivas circunscripciones. Ni sus representados pueden "echarlos" de la lista. Sin embargo dudamos que una abstención activa pueda dar resultados reales.

Lo que no funciona en nuestra democracia

  • Quienes se sientan en el ejecutivo son a la vez miembros del legislativo, echando por tierra la necesaria separación de poderes, característica típica de las democracias reales.
  • El gobierno (ejecutivo) tiene poder sobre el poder judicial: pone y quita a la Fiscal General del Estado y a otros puestos dentro de la Abogacía del Estado.
  • El presidente del gobierno (Ejecutivo) es a la vez el líder del partido que gobierna, y decide lo que hacen o no hacen los diputados de su partido (Legislativo) y a su vez éstos legislan a voluntad en materia de Justicia (poder judicial). Los tres poderes se hallan, por tanto, bajo el mismo mando en la práctica. No hay separación de poderes.
  • Los líderes nacionales deciden las listas de los partidos a todos los niveles. Y gracias al Pacto Antitransfuguismo de principios de 2021, la disciplina de partido es absoluta, propia de un régimen autoritario.
  • Las primarias de los partidos son frecuentemente un teatro sin efecto real.
  • Las listas de los partidos son cerradas, y por lo tanto impuestas al votante. Los diputados y senadores deben pleitesía a su líder, no a sus representados.
  • Los principales partidos se reparten los jueces e intentan colocar a los de su cuerda, incluso en el Tribunal Constitucional. Ya es un escándalo que los jueces se signifiquen por su opinión política.
  • El gobierno puede contratar a un número ilimitado de personas con dinero público. No hay control ni sobre el número, ni sobre la idoneidad de las personas contratadas, ni sobre el nepotismo. Puede asimismo ignorar o cerrar el Portal de Transparencia y obrar con opacidad.
  • Los decretos leyes se usan para lo que no fueron concebidos y para saltarse los trámites legales.
  • Algunos jueces reciben presiones políticas continuas, según revelaciones hechas públicas.
  • La Ley no se cumple y nadie hace nada para remediarlo porque la Justicia está mediatizada. El Tribunal Constitucional puede, si quiere, ignorar un recurso durante años o décadas, lo que constituye, de facto, un vacío legal que aprovecha la clase política para saltarse la Constitución a voluntad.
  • Los partidos políticos reciben fondos públicos, más cuanto más votados, con lo que se fomenta a los vividores y la perpetuación de su poder e influencia. No hay apoyo ciudadano a esa financiación, pero ésta sigue aumentándose. Viven del erario público para hacer campaña.
  • La ley actual electoral hace posible que partidos con muy pocos votos (CUP, EHBildu, PNV) tengan muchos representantes y fuercen acuerdos que sólo benefician a sus territorios o votantes contra el interés común.
  • El gobierno tiene libertad para gastarse una ilimitada cantidad de dinero público en "comprar" a medios de comunicación que mantengan su relato ideológico, que oculten su corrupción o sus errores. Esta compra de voluntades se hace a través de la llamada "publicidad institucional", cuando no se aprueban subvenciones extraordinarias de millones de euros para "ayudar" a esos medios. Así se cierra el círculo con el llamado cuarto poder para reunir en las mismas manos todos los poderes fundamentales del Estado y del sistema democrático.

Ciudadano Crítico