Mascarillas al aire libre: la burla al Estado de Derecho

Quizá sea esta nueva Ley 2/2021, sobre las medidas contra la COVID19, un buen ejemplo de cómo la ineptitud de nuestros políticos socava la credibilidad misma y la operatividad de nuestro sistema legal. 

El panorama cotidiano en el Parlamento español es descorazonador. En lugar de resolver problemas con conocimiento de causa, sus señorías se dedican a lanzarse puyas y a soltar el discurso que le ha dictado su jefe de filas, cuando no a lanzar arengas y declaraciones ofensivas. Las votaciones se limitan a pulsar un botón en bloque según la disciplina del partido y, en la mayoría de los casos, nadie se ha leído una coma de lo que se vota. Y si se lo ha leído, no lo ha entendido. Y si lo ha entendido, no queda en muy buen lugar.

La abogada madrileña Verónica del Carpio publicó en su blog jurídico la secuencia de trámites parlamentarios y legislativos de la ley en cuestión (la que nos obliga a ponernos la mascarilla en mitad del campo, solos) para poner de manifiesto que no sólo el partido en el gobierno toma a la ligera los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que la gran mayoría de partidos políticos siguen el guión marcado y, entre arengas y discursos, olvidan las graves repercusiones que tienen las normas, especialmente cuando se inmiscuyen en algo tan personal y privado como la ropa que llevas puesta en tu vida diaria.

La cuestión es que no hay ninguna evidencia científica que respalde el uso de una mascarilla cuando se está solo en un lugar aislado, pero tampoco aunque haya gente a 5 o 10 metros de distancia. Además de las evidencias científicas, el simple sentido común indica que los aerosoles respiratorios no tienen capacidad de contagiar en ningún caso a más de 2 metros de distancia y al aire libre.

Entonces, ¿por qué el legislativo español impone a todos los ciudadanos del Estado una obligación molesta, humillante, absurda, que provoca problemas respiratorios y efectos secundarios, que cuesta dinero y que está causando un grave problema de residuos, sin ninguna razón de peso?

La respuesta no puede ser más triste: porque les da igual. Porque no le dedican al problema más de veinte segundos entre café y comida. Porque tienen muy poco respeto por nuestros derechos más fundamentales y porque se sienten con la impunidad para hacerlo, dada la dejación de funciones (ya manifiesta y escandalosa) del Tribunal Constitucional y de la Justicia en general (que acaba de sufrir uno de los golpes más letales de este periodo constitucional, sin que se aprecie malestar en la opinión pública), y dado también el apoyo continuado y acrítico de una parte no desdeñable de los votantes.

Examinemos la explicación del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la auto-enmienda a su propio texto (Enmienda 72 en el Senado), en el que se suprime la distancia de seguridad en la obligación de usar mascarilla en todo momento:

MOTIVACIÓN:
Mejora técnica. Con la evidencia reciente sobre transmisión del SARS-CoV 2 por aerosoles, el uso de mascarilla no puede quedar supeditado a no poder garantizar la distancia de 1.5 metros.

O sea, que si hay una distancia de un kilómetro, por ejemplo, hay que usar la mascarilla, porque la distancia no puede ser eximente. Está negando la evidencia científica publicada en todos los estudios al respecto y el simple sentido común.

La conclusión es clara: nadie va a cumplir una norma tan absurda como abusiva. El ciudadano se inclinará a pensar que algunas leyes son absurdas y que lo normal es no cumplirlas, con lo que no sólo no conseguiremos una mejor concienciación en la lucha contra la pandemia, sino que de propina, quitamos credibilidad a la Ley y a las autoridades.

Los cuerpos de seguridad se verán obligados a hacer cumplir normas absurdas y que en cualquier tribunal tendrán un corto recorrido, ganándose mientras el descrédito y la animosidad de los ciudadanos.

Y finalmente los miembros del legislativo habrán demostrado su profundo desprecio por los derechos del ciudadano, y su ineptitud e irresponsabilidad en la redacción de normativas.

El registro que el gobierno impone pero no crea

Otro ejemplo de la desidia y la desorganización del gobierno (en este caso el de Sánchez, del PSOE) es que se impone a las empresas apuntarse a un registro para acceder a las ayudas europeas que reparte Moncloa, y en la entrada en vigor de la ley, el registro no se ha creado ni se sabe cuándo se creará.

De nuevo el Gobierno impone obligaciones a todos los ciudadanos y ni siquiera es capaz de hacer posible su cumplimiento, con lo que todos incumplen, pero principalmente lo hace quien tenía más obligación de cumplir.

Lo grave del asunto es que mientras no se cree el registro no habrá ayudas para las empresas, muchas de las cuales están a punto de cerrar, en ERTE o con graves carencias.

La lupa de Bruselas está cada vez más atenta desde que Sánchez, ignorando las reglas impuestas por la Comisión para las ayudas, ha ideado un sistema de reparto puramente político (lo deciden sólo personas dependientes del gobierno, ministros, secretarios, es decir, personas del partido) en lugar de formar comités independientes con personas de prestigio, como se ha hecho en todos los demás países de la Unión.

El uso partidista de la Justicia y la perversión moral

Desde que se produjo la sentencia del Procés, en la que se condenaba por sedición a los líderes secesionistas catalanes a penas de cárcel, los líderes del PSOE sanchista nunca se han manifestado con claridad sobre los indultos. Siempre estuvieron en sus planes, como lo indica el hecho que evitaban cualquier afirmación clara al respecto. Sabían que era un arma útil en sus negociaciones parlamentarias para seguir teniendo mayoría de gobierno.

Durante las elecciones regionales de Madrid el PSOE declaró en sus filas silencio absoluto sobre este asunto, sabiendo que el votante madrileño no toleraría componendas legales. Pero una vez pasadas las elecciones con gran fracaso del bloque de izquierdas, llegó el momento de poner en marcha lo negociado con el gobierno catalán, que se acaba de constituir con Pere Aragonés al frente. Para el secesionismo catalán, la excarcelación de sus líderes condenados es una prioridad absoluta. Sin esa condición, difícilmente seguirán sosteniendo a Sánchez. Y Sánchez no se caracteriza por tener límites en lo que se refiere a su continuidad en el poder.

Así que Pedro Sánchez ha comenzado una serie de apariciones en los medios en las que se ha dedicado a evangelizar sobre la conveniencia de indultar a los condenados por el delito más grave en los últimos 40 años. Al cumplimiento de las penas (que él mismo reivindicó en TVE poco después de la sentencia) ahora lo llama "venganza" y "confrontación", que además vende como principios constitucionales. El resto del gobierno ha seguido el mismo guión, promoviendo la "normalización" de los indultos.

El Tribunal Supremo ha emitido un informe, no vinculante, rechazando de plano y por unanimidad cualquier indulto. De hecho, la sentencia fue blanda, pues aunque se demostró la presencia de violencia (un cuerpo armado como los Mossos se utilizó para llevar a cabo actividades delictivas), se desechó el delito de rebelión, con penas más largas, y se optó por el de sedición, mucho más liviano, dentro de la gravedad.

Así pues asistimos a la enésima mentira del gobierno Sánchez. Lo que era un justo cumplimiento de una pena, ya de por sí rebajada, ahora es una venganza que conviene descartar, todo en pro de la convivencia y la armonía entre "países". Es decir, un sometimiento a los dictados delictivos del secesionismo a cambio de unos meses más de mayoría en el parlamento.