El gobierno de Pedro Sánchez ha recibido varios varapalos del Tribunal Constitucional. Los dos más importantes fueron las declaraciones de inconstitucionalidad de los dos estados de alarma declarados en la pandemia de coronavirus (en connivencia con el PP) donde se cercenaron derechos fundamentales de la ciudadanía con la justificación de defender la salud pública. Además acechaba la posibilidad de insconstitucionalidad de las leyes promuerte del ejecutivo socialista y podemita (eutanasia y aborto). Así que una de sus prioridades era eliminar ese obstáculo.
Según la ley del Tribunal Constitucional, éste se compone de doce miembros:
En la primera enmienda PSOE y Unidas Podemos proponían cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden, según la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial por la mayoría simple. En definitiva trataba de nombrar a los magistrados sin necesidad de ponerse de acuerdo con la oposición. Y, además, establecían un plazo para esa elección que, si los vocales incumpliesen, podría acarrearles responsabilidades de todo orden, incluido de tipo penal. La otra enmienda permitiría al Ejecutivo y al máximo órgano de los jueces hacer su nombramiento aunque la otra parte no lo haga en el plazo fijado.
A petición del PP mediante recurso de amparo, el TC suspendió de forma cautelarísima la votación en el Senado de dicha enmiendas que apenas permitían el debate en el Congreso y Senado, por lo que el Gobierno de Sánchez tuvo que hacerlo por el trámite normal, por una proposición de ley.
Con esa nueva perspectiva y con los cambios legales ya en vigor, el pasado 9 de enero de 2023 se renovaron los magistrados del TC, todos ellos progresistas: Laura Díez Bueso y Juan Carlos Campo, designados por el Gobierno en noviembre, y César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).