El gobierno de Pedro Sánchez hizo mucho hincapié en la "necesidad" absoluta de mantener el Estado de Alarma para defender la salud pública y detener el contagio de coronavirus.
Sin embargo, aprovechó los poderes extraordinarios y el parón obligado de la sede parlamentaria para tomar decisiones políticas que nada tenían que ver con la COVID19 o la salud pública.

Algunos ejemplos:

• Ocultar información sobre contratos y expertos (suspensión del portal de transparencia)
• Prohibir manifestaciones contra el gobierno aunque fueran legales y cumplieran las medidas de seguridad establecidas y, al mismo tiempo, permitir manifestaciones de otros grupos  que no cumplían las medidas de seguridad
• Pedir la libertad condicional y el acercamiento de presos etarras
• Pedir el indulto de los presos del Procés independentista catalán
• Presentar una ley de educación (ley Celaa) que suprime los colegios especiales para niños con alta discapacidad
• Comparecer en la televisión pública prácticamente a diario en horario de máxima audiencia para compartir consideraciones de tipo moral más que para dar datos reales o instrucciones. En la mayoría de estas "ruedas de prensa" las preguntas de los periodistas estaban filtradas por un secretario de estado del propio gobierno y, sólo después de un plante de periodistas, el gobierno accedió a ruedas por videoconferencia.
• Presentar una contrarreforma laboral pactada en secreto con EHBildu y sin contar con los agentes sociales y partidos que le apoyaban en el Congreso, que luego sería simplemente ignorada y suspendida por algunos ministros del Gobierno.
• Pactar medidas que privilegiaban a unas comunidades autónomas a cambio de un voto afirmativo al estado de alarma por parte de partidos nacionalistas.
• Durante el año largo de confinamiento y estado de alarma, el gobierno y sus apoyos no han "podido" legislar ninguna medida específica para el control de pandemias que no suponga recorte de derechos fundamentales y constitucionales como sucede con el estado de alarma, que no está pensado para estas situaciones. El gobierno (y la mayoría de los gobiernos regionales) han preferido seguir con el recorte de derechos tan básicos como el de tránsito por el territorio nacional, reunión, trabajo (hostelería), circulación (toque de queda), manifestación, culto, etc.
• El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales los dos Estados de Alarma decretados por el Gobierno de Pedro Sánchez con la connivencia de gran parte del arco parlamentario, incluído el PP. Sin embargo, ni el gobierno dimite, ni se deriva ninguna responsabilidad penal o política de haber incumplido la más alta norma del Estado. ¿Qué fuerza puede tener la más alta Ley si al incumplirse no pasa nada?
• El Comité de Transparencia denuncia repetidamente que el Gobierno no responde a las solicitudes en un 90% de los casos.