El Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat ha presentado este viernes ante la Fiscalía Provincial de Barcelona una querella contra un grupo antiaborto que promueve concentraciones ante clínicas de Barcelona donde se practican abortos, y al que acusa de acoso e intimidación.

La administración catalana denuncia que se está vulnerando un derecho fundamental como es el de la interrupción voluntaria del embarazo y que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de coacciones y acoso con arreglo al artículo 172 del Código Penal, ha explicado la consellera de Igualdad y Feminimos, Tània Verge.

La campaña lleva por lema “40 Días por la Vida”, se lleva a cabo en diversas ciudades de todo el mundo con el objetivo de luchar contra el aborto y está promovida por grupos ultrarreligiosos y de extrema derecha.

https://twitter.com/govern/status/1580977988874665993

El escrito presentado se fundamenta en que las personas se concentran, entre otras, ante la Clínica Aragón y llevan a cabo diferentes actos como “dirigir de forma reiterada mensajes verbales y visuales (a través pancartas), de carácter religioso y culpabilizador, a las mujeres que acceden a la Clínica, con la intención de disuadirlas de su decisión de ejercer el derecho de interrumpir el embarazo”.

La denuncia abarca “a todas las personas promotoras, impulsoras y participantes en los actos de la campaña”, y que está convocada por el período que va del 18 de septiembre al 6 de noviembre.

La Generalitat pide a la Fiscalía que intervenga para evitar que el delito de coacción y acoso se repita a diario hasta el 6 de noviembre, evitando así que se puedan producir las lesiones derivadas de esa conducta en la esfera psíquica y de los derechos de las personas víctimas de este comportamiento.

La querella explica cómo grupos de personas organizadas por la campaña internacional fundamentalista “40 Días por la vida” se reúnen ante tres clínicas donde se practican abortos con el objetivo de intimidar y disuadir a las mujeres y al personal de las clínicas.

Según las pruebas aportadas, en las inmediaciones de las tres clínicas de Barcelona afectadas se ha detectado que en torno a los edificios hay personas con la camiseta de la campaña que, rodeadas de pancartas con mensajes antiabortistas, tienen la intención de coartar e influir en las mujeres que deciden abortar.

Además, la Generalitat ha constatado que esta presencia no puede obviarse cuando se quiere entrar en las clínicas, y resulta imposible no escuchar a las personas concentradas o mirar sus pancartas.

Estas conductas, añade la denuncia, también incomodan a las personas trabajadoras y profesionales de las clínicas, “cuestionando y juzgando su actividad de forma negativa con parámetros morales”, según puntualiza el escrito presentado a la Fiscalía.

Al mismo tiempo, la denuncia pone de relieve que la propia web de la plataforma incluye una guía y un conjunto de estrategias que orientan sobre cómo actuar en estas concentraciones, para evitar que se aplique la ley y que no se pueda considerar un delito.

Los habitantes de Kansas han votado en favor de proteger el derecho al aborto en su Estado. El resultado no deja lugar a dudas y supone un enorme triunfo para el movimiento que defiende el derecho de las mujeres a decidir, precisamente en uno de esos lugares robustamente conservadores de Estados Unidos. Un 60% de los convocados a las urnas el martes, con motivo de las primarias que escogen qué candidatos envía cada partido a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre, se ha pronunciado (con un 87% del voto escrutado) en contra de una iniciativa del Parlamento, de mayoría republicana, que pretendía añadir una enmienda a la Constitución. Ese nuevo texto dejaba a los legisladores vía libre para prohibir o restringir severamente el derecho al aborto, legal en ese Estado, de casi tres millones de habitantes, hasta la semana número 22 desde la última menstruación.

Por su carga simbólica, el referéndum ha gozado de un gran impacto en todo el país, cuyas dos mitades, enfrentadas en este tema tal vez más que en ningún otro, han seguido con pasión.

Es la primera votación de estas características desde que el Tribunal Supremo derogara el 24 de junio el precedente de medio siglo establecido por la sentencia Roe contra Wade, que en 1973 convirtió en constitucional la libertad de las mujeres para elegir. La decisión judicial devolvió la potestad para legislar a los Estados. Desde que se produjo el fallo, 11 han prohibido o restringido el derecho al aborto, gracias a leyes aprobadas por sus legisladores que estaban hibernando para entrar en vigor una vez que el Supremo, el más conservador en ocho décadas, abriera la puerta.

El texto que se sometía a plebiscito en Kansas era ciertamente confuso; tanto, que ambas partes emplearon una buena porción de los millonarios fondos invertidos en la campaña en explicar qué significaba votar sí (que implicaba en realidad decir no al aborto) y las implicaciones de un voto negativo, que es el que ha triunfado por una amplia mayoría, más holgada de lo que auguraban las encuestas.

La enmienda al texto fundamental que se proponía buscaba permitir al “pueblo, a través de sus representantes”, “aprobar leyes sobre el aborto, incluidas, pero no solo, normas que tomen en cuenta las circunstancias del embarazo como resultado de una violación o incesto, o situaciones en las que esté en juego la vida de la madre”. El nuevo párrafo también decía, en una formulación capciosa, que “los habitantes de Kansas valoran tanto a las mujeres como a los niños”.
Un grupo de activistas a favor del derecho al aborto celebra el resultado en Overland Park (Kansas), este martes.
Un grupo de activistas a favor del derecho al aborto celebra el resultado en Overland Park (Kansas), este martes.EVERT NELSON/USA TODAY NETWORK (via REUTERS)

De haber salido adelante el sí, habría quedado desactivada una sentencia del Tribunal Supremo de Kansas que en 2019 dictaminó que el aborto estaba protegido en la Constitución del Estado. Aquella decisión ha atado las manos durante este tiempo a los legisladores republicanos, cuyas mayorías en el Congreso y en el Senado les permiten pasar por encima de un posible veto de la gobernadora, la demócrata Laura Kelly. No podrán hacerlo. Tras el inequívoco pronunciamiento popular, Kansas se mantiene como un Estado refugio, que continuará, como hasta ahora, recibiendo pacientes de otros lugares en los que los cuidados les están negados a las mujeres por ley: fundamentalmente, de los vecinos Oklahoma y Misuri, pero también de Estados como Texas, Luisiana, Arkansas, Misisipi o Alabama.

“Los valores de Kansas siempre han sido ejemplo de libertad, y esta noche, Kansas continuó con ese legado”, declaró al conocer la victoria Emily Wales, directora y consejera delegada de Planned Parenthood Great Plains, asociación sin ánimo de lucro que cuenta con tres de las cinco clínicas que proveen servicios de salud reproductiva en el Estado. “Los políticos antiaborto sometieron esta enmienda a voto en las primarias, contando con una baja participación electoral, pero no tomaron en cuenta a los habitantes de Kansas —quienes dijeron alta y claramente que creen y confían en que los pacientes tomen sus propias decisiones médicas—, especialmente durante un momento oscuro en la historia cuando a las personas en el Medio Oeste y el Sur del país no se les otorga la misma libertad”. Planned Parenthood Great Plains también trabaja en Oklahoma y el oeste de Misuri, dos de los Estados en los que el aborto está prohibido salvo en muy contadas excepciones.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado media hora después de que la agencia AP concediera la victoria. “Los votantes en Kansas acudieron [a las urnas] en cifras récord para rechazar los esfuerzos extremistas de enmendar la Constitución estatal y quitarle a la mujer el derecho a elegir y abrir la puerta a una prohibición en todo el Estado”, dice el texto. “Esta votación deja claro lo que sabemos: la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo en que las mujeres deben tener acceso al aborto y a tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de su salud. El Congreso debe escuchar la voluntad del pueblo estadounidense y restaurar las protecciones de Roe como ley federal”.

Las encuestas que fijan la posición de los estadounidenses sobre este tema establecen que en torno a dos terceras partes de la ciudadanía están a favor de algún tipo de protección del derecho al aborto.
Una mujer a favor del cambio en la Constitución lloraba el martes en Overland Park, Kansas.
Una mujer a favor del cambio en la Constitución lloraba el martes en Overland Park, Kansas.Charlie Riedel (AP)



Iker Seisdedos

Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y máster de Periodismo UAM / EL PAÍS, trabaja en el diario desde 2004, casi siempre vinculado al área cultural. Tras su paso por las secciones El Viajero, Tentaciones y El País Semanal, ha sido redactor jefe de Domingo, Ideas, Cultura y Babelia.

ANTONIO CORBILLÓN 25/01/2022

La Conferencia Episcopal devolverá más de 450 propiedades a su nombre a sus legítimos dueños

Castilla y León es con mucho, la comunidad autónoma con más propiedades inmatriculadas por la Iglesia católica, pero en litigio sobre su titularidad. De los 34.976 inmuebles registrados a su nombre en España por la Conferencia Episcopal Española (CEE), al menos hay dudas legales sobre 2.575 de ellos. Casi la tercera parte (803) están en la región, según el exhaustivo 'Informe sobre Bienes Inmuebles Inmatriculados por el artº 206 de la Ley Hipotecaria. 1998-2015' que ha elaborado la propia CEE.

Sobre este trabajo se anunció ayer un acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la cúpula eclesial por el que un millar de estas propiedades volverán a sus anteriores propietarios al haberse acreditado su errónea inmatriculación. Aunque no se ha facilitado su listado, fuentes de la institución calculan que unas 450 de esas devoluciones están en Castilla y León. Estas cerca de 35.000 propiedades fueron registradas gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar entre 1998 y 2015.

Según los firmantes, cadenas como Estado de Alarma o 7NN exhiben un comportamiento que "genera un clima de tensión que dificulta el trabajo del resto de periodistas"

El PSOE y sus socios parlamentarios, a través de sus respectivos equipos de comunicación, han registrado un escrito dirigido a la Secretaría General del Congreso de los Diputados reclamando a la Cámara "tomar medidas para restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa sin poner en riesgo la libertad de información y el buen clima que siempre ha existido".

La demanda de PSOE, ERC, Unidas Podemos, PNV, Bildu, JxCat, PDeCAT, Más País-Equo, CUP,Compromís, BNG y Nueva Canarias argumentan su "preocupación" ante las "intolerables faltas de respeto" hacia los representantes de algunos grupos parlamentarios por parte de "personas acreditadas en la sala" de prensa que "rompen el clima de cordialidad y decoro entre periodistas y personal de los grupos políticos".

Un grupo católico organiza concentraciones durante 40 días delante de las clínicas que practican abortos en Córdoba, Cádiz y otras ciudades españolas

RAÚL BOCANEGRA
La tramitación en el Congreso, con tan solo los votos en contra de PP y Vox, de una iniciativa del PSOE para la reforma del Código Penal que proteja a las mujeres del hostigamiento sistemático al que grupos ultracatólicos las someten a diario a las puertas de algunas clínicas que practican abortos con cobertura del sistema público. El calificativo que el diputado de Vox, José María Sánchez, dedicó a la parlamentaria socialista Laura Berja, a quien llamó "bruja". La polémica que se ha generado a cuenta de las concentraciones promovidas a través de una página web a las puertas de centros sanitarios en varias ciudades españolas. Todo esto ha llevado este miércoles a que la izquierda en Andalucía se movilice con este asunto.

Por un lado, la diputada Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, convocó a los medios a las puertas de una clínica de Córdoba, en la que las organizaciones ultracatólicas han ubicado uno de sus puntos de propaganda y manifestó que "igual que el todo mundo tiene derecho a rezar, y debe tener derecho a rezar", también existe el derecho de "acudir a una clínica a ejercer su derecho a la interrupción de su embarazo sin tener que sufrir el hostigamiento y la intimidación de un grupo de personas".

La tramitación en el Congreso, con tan solo los votos en contra de PP y Vox, de una iniciativa del PSOE para la reforma del Código Penal que proteja a las mujeres del hostigamiento sistemático al que grupos ultracatólicos las someten a diario a las puertas de algunas clínicas que practican abortos con cobertura del sistema público. El calificativo que el diputado de Vox, José María Sánchez, dedicó a la parlamentaria socialista Laura Berja, a quien llamó "bruja". La polémica que se ha generado a cuenta de las concentraciones promovidas a través de una página web a las puertas de centros sanitarios en varias ciudades españolas. Todo esto ha llevado este miércoles a que la izquierda en Andalucía se movilice con este asunto.

Por un lado, la diputada Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, convocó a los medios a las puertas de una clínica de Córdoba, en la que las organizaciones ultracatólicas han ubicado uno de sus puntos de propaganda y manifestó que "igual que el todo mundo tiene derecho a rezar, y debe tener derecho a rezar", también existe el derecho de "acudir a una clínica a ejercer su derecho a la interrupción de su embarazo sin tener que sufrir el hostigamiento y la intimidación de un grupo de personas".

Por otro lado, la diputada cordobesa de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, reclamó explicaciones a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos) y recordó que Vox, PP y Ciudadanos rechazaron en el Parlamento una proposición de su grupo parlamentario para que la Junta de Andalucía"no financiara" a asociaciones antiabortistas que "se apostan a las puertas de las clínicas privadas".

Por el contrario, el Gobierno de Juanma Moreno (PP) –en coalición con Ciudadanos– ha concedido por primera vez en Andalucía, subvenciones a asociaciones autodenominadas provida, que buscan coartar la libertad de decisión de las mujeres, tras pactarlo con Vox, y ha comenzado a repartir el millón de euros previsto este año para estas asociaciones en un tiempo récord.

La diputada del PSOE andaluz, Soledad Pérez, manifestó a Público: "Los derechos de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo no pueden ser una carrera de obstáculos, no sólo son juzgadas y sufren ataques a su libertad y dignidad por entidades ahora financiadas por Moreno Bonilla, sino que también sufren violencia institucional por la falta de respuesta de la Junta de Andalucía". "Que la consejera de igualdad denomine el hostigamiento como libertad de expresión deja en evidencia que este Gobierno toma partido, en vez de defender a las que sufren persecución se ponen de parte de los que niegan los derechos", prosigue la socialista, que añade: "Si el consejero de Salud [Jesús Aguirre, PP] lo denomina 'chupetón', las mujeres nunca olvidaremos quienes nos ofenden y no nos respetan como sujeto de derechos".

Las concentraciones de los grupos antiderechos de las mujeres de Córdoba –ni tampoco las de Cádiz– fueron comunicadas a las subdelegaciones del Gobierno, según ha podido saber Público. Sin embargo, en Córdoba, tras la visita de Rodriguez, la Subdelegación del Gobierno de España cambiará de sitio la concentración para evitar que increpen a las mujeres. A partir de este jueves, según recoge Europa Press, los agentes de la Policía Nacional trasladarán las protestas a la acera de enfrente. Este cambio de ubicación tiene como fin proteger a las mujeres de "daños psicológicos".

 "El derecho de concentración cuando son menos de 20 personas no requiere de ningún tipo de autorización", afirma a Público José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Aunque, según los datos recopilados por Europa Press, más de 200 personas se han apuntado para la protesta de Córdoba, no más de tres o cuatro personas participan en la concentración a la vez. Se van relevando.

Acoso diario
El acoso a las mujeres a las puertas de las clínicas es habitual y se produce "a diario", según Sonia Lamas Millán, portavoz de ACAI. "[Suelen ser] dos o tres personas, mujeres mayores que van a rezar con agua bendita. Si ven que pueden hablar con ellas, le entregan panfletos de entidades, donde les dicen que van a tener problemas de pareja, que abortar provoque cáncer, en fin, material para engañar a las mujeres, no solo meter miedo", asegura a Público.

¿Tienen éxito con estas tácticas? "Si llamas éxito –afirma Lamas– a que una mujer sienta vulnerados sus derechos, entre a la clínica incomodada, con ganas de poner una denuncia, eso se llama tener éxito. Si las mujeres deciden cambiar de opinión, no tienen éxito. Hay que respetar a las mujeres, nadie obliga a las mujeres [a interrumpir un embarazo]. Si vemos que tienen la más mínima duda, se le va a dar el tiempo para pensárselo. Son decisiones responsables, como todas las que tomamos las mujeres".

El Gobierno andaluz dota con un millón de euros las ayudas para asociaciones antiabortistas que pactó con Vox
RAÚL BOCANEGRA
 
Para Bosch, lo que se produce hoy a las puertas de las clínicas, es, en resumen, un delito de coacciones, en el que el bien jurídico dañado es la libertad de las mujeres, que tiene muy difícil persecución, y que, habitualmente, acaba en archivo ante la dificultad de identificar al infractor. "Requiere la denuncia de la víctima para su persecución, hay delitos públicos y privados. Si llamas a la Polícía, sin denuncia previa, no pueden perseguir ese delito".

ACAI había apostado, antes de que el PSOE se decidiera a promover esta reforma del Código Penal, por implicar a los ayuntamientos y las policías locales en la protección de las mujeres, pero sin éxito. Tampoco lo había tenido con las delegaciones del Gobierno en las diferentes Comunidades Autónomas. Ahora la ventana que se abre con la tramitación en el Congreso es relevante: "Es un buen camino: que el legislador reconozca el problema es el primer paso. Confiamos en la brocha fina que requiere el texto. Que cuando ese texto llegue al juzgado no sea simplemente un brindis al sol, sino que el juez tenga claro lo que tiene que hacer".

La sentencia de la Suprema Corte supone una victoria no solo para los colectivos feministas que durante décadas han luchado por el reconocimiento del derecho al aborto, sino para toda una sociedad que desde hoy puede presumir de ser más justa

La Suprema Corte de Justicia de México ha tomado una decisión histórica y necesaria al despenalizar el aborto. La sentencia supone una victoria no solo para los colectivos feministas que durante décadas han luchado a brazo partido por el reconocimiento de este derecho básico, sino para toda una sociedad que desde hoy puede presumir de ser más justa. A diferencia de la involución que ha sufrido Texas y de las aberrantes legislaciones de Nicaragua u Honduras, México ha elegido una senda que ha de servir de guía a otros países de América.

Los argumentos aportados por los ministros en su fallo, aprobado por unanimidad, reflejan el alcance de la medida. Junto al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, los jueces reconocen la obligación del Estado a garantizar el aborto como parte de la sanidad pública y la necesidad de acabar con la criminalización y persecución de quienes optan por interrumpir el embarazo. Una amenaza que, como ha señalado el propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, recae casi siempre sobre las mujeres más pobres y marginadas. No son palabras menores en un país donde cada año se practican casi un millón de abortos clandestinos, un tercio de los cuales derivan en complicaciones que requieren atención médica urgente.
Alcanzada la victoria judicial, ahora le llega el turno al Congreso de aprobar las leyes que le den cobertura plena y derriben las barreras estatales que aún queden (la sentencia tiene efecto inmediato en Coahuila, origen del caso, y en el resto de estados es un precedente obligatorio para todos los poderes judiciales). En otras decisiones, como fue el fallo sobre el uso recreacional de la marihuana, el Parlamento prefirió mirar hacia otro lado y puso el asunto en el congelador. Es de esperar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su grupo parlamentario no incurran en semejante desatino y movilicen todas sus fuerzas. Dejar la sentencia sin desarrollo legislativo sería un flaco favor a sus ciudadanos y a la Constitución. Aunque hay territorios, con la Ciudad de México a la cabeza, donde el aborto es legal, todavía quedan amplías zonas en las que imperan los horrores de la clandestinidad.

Poner fin a esta inadmisible sangría, reconocer la responsabilidad del Estado y solidificar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo son triunfos de un México progresista. Un país en el que, más allá de los prejuicios, late una sociedad solidaria y moderna, con una Suprema Corte que ha demostrado estar a su altura. Toca que el Gobierno y los congresistas también lo estén. El daño de no lograrlo sería demasiado alto.

De momento, la Policía no descarta ninguna hipótesis, pero en las pesquisas que ha llevado a cabo hasta hora no aparecen indicios de delito de odio

Los primeros indicios recabados por los investigadores en el caso del fallecimiento del joven coruñés Samuel Luiz, de 24 años, apuntan a que el móvil de la agresión que le provocó la muerte no fue homófoba.

Las marchas tras el asesinato de Samuel terminan con disturbios y mezcladas con amenazas contra Ayuso

Así lo han indicado a Efe fuentes cercanas a la investigación, que han precisado que se ha tomado ya declaración a quince personas relacionadas con la pelea, si bien no se ha determinado aún quién fue el autor material del golpe que le causó la muerte.

La mala calidad de las imágenes grabadas por las cámaras próximas al lugar de los hechos dificulta la identificación del autor, han añadido las mismas fuentes.

De momento, la Policía no descarta ninguna hipótesis, pero en las pesquisas que ha llevado a cabo hasta hora no aparecen indicios de delito de odio.

Un móvil que, en principio, no parece cobrar peso porque todos se desencadenó cuando Samuel y una amiga estaban realizando una videollamada con el teléfono móvil con otra joven, lo que desencadenó la pelea porque un grupo de jóvenes creyó que les estaban grabando.

Precisamente, este el primero motivo por el que los investigadores no hablan en su primer atestado de delito de odio.

Otro de las razones que podrían descartar la agresión homófoba es que el grupo que dio la paliza a Samuel no le conocía de nada ni podía saber su orientación sexual. Y es que además del grito de «maricón», los agresores profirieron otros insultos, como «subnormal» o «hijo de puta», resaltan las fuentes consultadas.

Las pesquisas policiales todavía no han determinado el móvil de la brutal agresión que segó la vida de Samuel Luiz, de 24 años.

Un coro de aplausos seguido de un armónico desplegar de paraguas han arropado este lunes en A Coruña a las amigas de Samuel Luiz, el joven asesinado la madrugada del pasado sábado en la ciudad. Colectivos LGTBI de toda España han convocado movilizaciones en varias ciudades para pedir justicia para el enfermero, víctima mortal de un ataque con tintes homófobos cuyo móvil concreto es aún objeto de investigación. La policía aún escudriña las cámaras de seguridad que grabaron la mortal agresión al joven de 24 años, la principal prueba de cargo contra los autores del crimen.

El ministerio de Grande-Marlaska dice que la difusión de la información perjudicaría la "confianza mutua" y daría pistas a las mafias dedicadas al tráfico y trata de personas / La concesión del dinero se acordó en plena crisis diplomática con el país vecino

El Consejo asume los argumentos del Gobierno y desdeña el interés general que despierta este caso, en el que están en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información

Fuentes cercanas a la familia aseguran que Cristina Rivas, además, chantajeaba a su ex pareja para retomar la relación

Cristina Rivas de 35 años, es la madre de Yaiza de 4 años, a quien mató en Sant Joan Despí el pasado 31 de mayo. Este viernes ha declarado en el juzgado de instrucción número 7 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) a través de una videoconferencia y ha confesado que acabo con la vida de la niña por venganza contra su ex pareja. «Lo hice por cuestiones relacionadas con mi ex pareja», ha testificado.

Tenerife se convierte en el epicentro del dolor en una jornada de luto en España

Las voces de Saray y Verónica, dos estudiantes de Derecho, se han mezclado con los gritos de indignación de las 800 personas que se han concentrado este viernes en la Plaza de la Candelaria, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, para protestar contra la violencia machista y por el asesinato de Anna y Olivia, las dos hijas de Beatriz Zimmermann, a manos de su padre y exmarido, Tomás Gimeno. “Estamos tristes, estamos indignadas”, han dicho las jóvenes. Como olas, subía y bajaba el volumen de los lemas y las palmas que acompañaban las consignas: como “no son buenos padres: son maltratadores” o “violencia vicaria, violencia patriarcal”. Pocos kilómetros al norte de la plaza, casi a la vista, el buque Ángeles Alvariño buscaba aún en el fondo del mar el cuerpo de Anna, de un año, después de hallar el jueves el de Olivia, de seis. La mayoría de las personas que han acudido a mostrar su repulsa por los asesinatos son mujeres, sobre todo jóvenes.

El nuevo recibo de la luz, que entra en vigor este 1 de junio, reduce al 25% la parte fija para fomentar un cambio en los hábitos de demanda

La nueva factura de la luz incluye tres tramos diferentes de precios al día y da un mucho mayor peso al consumo sobre la parte fija para intentar forzar a hogares y empresas a ser más eficientes en su uso energético. Estas serán las principales novedades que incluye a partir de este 1 de junio la factura eléctrica de 10,7 millones de consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

El nuevo sistema incluye un complejo cambio de metodología con el objetivo de hacer más simple la factura y fomentar su comprensión por parte de las familias. Sin embargo, en lugar de simplificarlo, eleva a cinco los bloques que compondrán el recibo: energía consumida, "peajes" destinados a pagar la retribución de las redes eléctricas, "cargos" dirigidos a financiar otros costes del sistema, el alquiler del contador y los impuestos.

La primera de las partes se refiere a la electricidad consumida cada mes, cuyo precio viene marcado por la oscilación hora a hora del coste de un kilovatio hora en el mercado mayorista. Este varía en función de oferta y demanda y puede consultarse en la página del operador Red Eléctrica.

Las siguientes patas son los peajes y los cargos, aglutinados hasta ahora en una sola partida. En el nuevo recibo ambas partes quedan divididas: los primeros serán establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), como establece la normativa europea, y los segundos por el Ministerio de Transición Ecológica. En ambos casos el precio tendrá una parte fija y otra variable que dependerá del consumo, divididas por tramos.


PRECIO DE LA LUZ POR HORAS
El segmento más caro será el de las horas punta (De 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00), seguido de las horas llanas (08:00-10:00; 14:00-18:00 y 22:00-00:00) y de las horas valles (00:00-08:00, fines de semana y festivos). Actualmente el consumidor obtiene un precio de la luz diferente según el momento del día en que la consume, pero el nuevo sistema lo intensifica al incluir estas variaciones de tarifas en los peajes y cargos.

Por último, la factura de la luz incluirá un pago fijo a la distribuidora por el alquiler del contador y los dos impuestos que recaen sobre el recibo: el de Electricidad (5,1%) y el IVA (21%).

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explican que la nueva tarifa arrancará con una bajada del 3% por la reducción de los peajes aprobada por la CNMC, y a partir de ahí su evolución dependerá tanto del consumo como del precio del mercado eléctrico. Por este motivo, desde el Gobierno explican que la tarifa beneficiará a quienes sean capaces de reducir su consumo energético o trasladarlo a las horas denominadas llanas o valles.

"El cambio de estructuras hace que los consumidores tengan que cambiar para adaptar su patrón de consumo. Aquel que se interese y gestione su energía puede desplazar su consumo a los periodos más baratos y beneficiarse de estas bajadas de precios cuando ponga la lavadora o el horno", explican fuentes del Ejecutivo. La parte variable, es decir ligada al consumo, marcará un 75% del coste final, frente al 40% actual.

En el sector calculan que el nuevo recibo eléctrico se traducirá en un descuento mensual de cinco euros para un consumidor medio, si bien perjudicará al millón de usuarios que están acogidos actualmente a la actual tarifa de discriminación horaria que incentiva el consumo en las horas nocturnas. Otro de los cambios será la posibilidad de contratar dos potencias distintas para diferentes periodos, de tal forma que una vivienda pueda tener poca potencia durante el día y elevarla por la noche si tuviera que recargar, por ejemplo, un coche eléctrico.

La medida sólo afectará a los clientes acogidos a la antigua tarifa regulada -ahora denominada PVPC-, por lo que quedan fuera los 16 millones de hogares que han contratado su suministro en el mercado liberalizado. En ese caso, el precio vendrá marcado por la oferta que firmen con la comercializadora eléctrica de turno.

El nuevo sistema de factura de la luz llega en un momento en que el precio mayorista del mercado se está disparando con respecto a los registros de 2020. El mes de abril, sin ir más lejos, fue el más caro en los últimos 31 años. Sin embargo, fuentes de Transición Ecológica explican que el encarecimiento no afecta únicamente a España y está ligado al mayor precio internacional del gas y a la fuerte subida del coste de los derechos de emisión de Co2. En este sentido, señalan que cualquier solución debería proceder de la Unión Europea.

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la nueva Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Los siete partidos representados en la Cámara, también el Partido Popular, se han pronunciado a favor de incorporar la norma al reglamento autonómico. La sorpresa del voto a favor del PP ha sido mayúscula, porque ni siquiera el PSOE votó a favor de la Ley Trans estatal, lo que suscitó las críticas de la histórica activista trans Carla Antonelli, de muchas feministas y de todo el movimiento LGTBI.

El Ejecutivo central plantea una ambiciosa subida de impuestos para lograr cerrar la brecha de recaudación con Europa

El Gobierno central ya ha hecho públicas las 30 fichas que componen el Plan de Recuperación que remitió la semana pasada a Bruselas y con el que España pretende alcanzar los niveles de recaudación del conjunto de la eurozona. En ellas se incluyen una serie de medidas que suponen un importante endurecimiento de la presión fiscal. El Ejecutivo plantea una ambiciosa subida de impuestos que tendría que entrar en vigor en el primer trimestre de 2023. «Nuestro sistema tributario, y en sentido amplio los ingresos públicos, tiene margen de crecimiento en el medio plazo», asegura el Gobierno.

Para recibir los fondos europeos, el ejecutivo elaborará a partir de un informe del comité de expertos una reforma fiscal que afectará, entre otros, a los impuestos del diésel, al impuesto de sociedades o a los peajes.

El Ministerio adjudicó el encargo por 985.000 euros a la multinacional DSV el 18 de mayo de 2020 y le ha dado publicidad el 15 de abril de 2021 / La ley obliga a publicar la formalización de los contratos públicos en un plazo no superior a 15 días

El 13 % del importe que suman las atenciones representativas de la ministra abonadas por Presidencia el año pasado se facturaron durante el primer estado de alarma / Los pagos con cargo a esta partida oscilan entre los 778,78 y 1,40 euros

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática abonó el pasado año más de 8.500 euros en gastos protocolarios de Carmen Calvo, fundamentalmente por consumiciones en restaurantes y compras realizadas en supermercados y grandes almacenes de distribución. Las facturas correspondientes al 13 % de dicho montante (1.113,67 euros) están fechadas durante el primer estado de alarma.

En respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, la Subsecretaría de Presidencia ha cuantificado en 38.934,57 euros los gastos generados por Carmen Calvo por el desempeño de su labor como ministra durante 2020. Desglosado el importe total por conceptos, las dos mayores cuantías son las relativas a locomoción (20.043,11 euros) y alojamiento (8.825,33 euros). También se detallan 1.518,52 euros en manutención.

El montante declarado por la vicepresidenta primera contrasta con el de Pablo Iglesias. Como ya informó El Independiente, el líder de Podemos cifró en «120 euros» el gasto realizado en 2020 como ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, correspondientes a la reserva de un billete de tren con motivo de un desplazamiento realizado a Denia (Alicante) y Oliva (Valencia) para comprobar en persona los estragos que la borrasca Gloria había causado en esta comunidad. 

En el caso de Carmen Calvo, más de una quinta parte de los gastos totales -exactamente 8.547,61 euros- corresponde a ‘atenciones representativas’, partida que cada ministerio consigna presupuestariamente anualmente en el capítulo de gastos diversos para atender las obligaciones de protocolo que surjan durante el ejercicio. Ex altos cargos consultados por este diario precisan que es habitual imputar a este concepto, por ejemplo, la compra de agua o refrescos que realiza el ministerio para ofrecer como gesto de cortesía a invitados que acuden a las dependencias ministeriales y recuerdan que cargar gastos personales sería hacer un uso indebido de este dinero.

De acuerdo con la relación facilitada por Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el departamento sufragó 169 compras (‘Restauración, office y varios’) justificadas por atenciones protocolarias de Carmen Calvo entre el 14 de enero y el 4 de diciembre de 2020. Las cantidades oscilan entre los 778,78 y 1,40 euros, englobando el pago de productos de alimentación y de droguería-limpieza, artículos de ferretería, prensa, flores, material de oficina y servicios de mensajería.

1,40 euros en Mercadona
Con diferencia, fue El Corte Inglés el establecimiento comercial en el que se generó el mayor gasto: 41 compras por 3.698,91 euros (el 43,27 %). En concreto, hay tres facturas que superan los 500 euros, dos de las cuales están fechadas en sábado (una de 778,78 euros el 25 de enero y otra de 576,53 euros el 25 de julio). Hay otras cuatro de escasa cuantía en domingos: 19 de enero, 17 de mayo y 25 de octubre.

También fueron frecuentes las adquisiciones en Mercadona, contabilizándose 18 compras en esta cadena de supermercados por un total de 589,64 euros. Llama la atención la existencia de seis apuntes de 1,40 euros cada uno registrados en seis días de diciembre de 2019 (10, 11, 12, 16, 17, 19 y 26), figurando en el listado al haber sido abonados ya en el ejercicio correspondiente a 2020 (concretamente el 14 de enero).

El 13 % del importe que suman las ‘atenciones representantivas’ de Calvo se facturaron durante el primer estado de alarma

Una situación similar se advierte con las consumiciones facturadas por un conocido restaurante de Majadahonda con servicio a domicilio (Madrid), en el que Presidencia gastó 894,99 euros en atenciones protocolarias en once días del mes de septiembre (7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 23 y 30). Dos de las facturas -una de 144,25 euros y otra de 201,57- tienen la misma fecha (23 de septiembre), abonándose las mismas el 15 y el 16 de octubre.

De los 8.547,61 euros imputados a esta partida, 1.113,67 euros se gastaron entre el 16 de marzo y el 8 de junio (parte del periodo alcanzado por el primer estado de alarma declarado por el Gobierno para frenar la expansión de la covid-19). Se da la circunstancia de que dos de los apuntes están fechados el 24 de marzo, cuando la titular de Presidencia se encontraba ingresada en la Clínica Ruber de Madrid por una infección respiratoria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, como confirmó uno de los test que se le realizó antes de recibir el alta para seguir el tratamiento médico en su domicilio. Uno es de 26,55 euros por una compra realizada a un kiosco de prensa de la calle Cea Bermúdez y otro de seis euros en una pastelería cuyo obrador se encuentra en Ferraz.

En el listado se consignan también gastos en IKEA-San Sebastián de los Reyes (13,5 euros), en una farmacia (10 euros), en floristerías, en varios bazares, en papelerías e imprenta, en dos ferreterías y en un servicio de mensajería. Éste lo facturó Seur Geopost SLU el 13 de agosto por un importe de 36,23 euros.

El Ministerio de Hacienda no ha creado el registro para que las empresas accedan a los fondos europeos, como el real decreto ley 36/2020 exigía que hiciera antes de que finalizase marzo. Pero el registro ni está ni se le espera pronto a pesar de que ha pasado más de medio mes desde que terminó el plazo establecido, en lo que supone otra señal más del retraso en el reparto de los fondos europeos, que en este caso repercutirá en las empresas españolas.

El Independiente ha preguntado repetidamente al departamento de María Jesús Montero por el registro y desde el mismo han confirmado que aún no existe. Tampoco han podido concretar cuándo se creará, algo que debía haberse hecho entre enero y marzo.

«Disposición adicional primera. Registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el titular del Ministerio de Hacienda mediante orden ministerial creará y pondrá en funcionamiento el Registro estatal de entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica», reza el real decreto ley 36/2020, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2020.

Otras fuentes del sector han confirmado a este medio que el registro está «muy verde» y que las empresas no tienen noticia de cuándo podrán acceder a él, y, por tanto, a la ansiada financiación europea para sus proyectos.

En su intervención en el Congreso de los Diputados para explicar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que el Gobierno está en diálogo constante con las empresas españolas, pero tampoco mencionó el registro ni cómo llegarán los fondos europeos a las compañías.

España va a recibir 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026 como parte de los fondos europeos Next Generation EU, que buscan sacar al país de la crisis originada por la pandemia, además de modernizar la economía, digitalizar el tejido productivo e impulsar la transición medioambiental y la igualdad de género.

Se trata de unos fondos que la banca está dispuesta a adelantar si se retrasa la partida europea, como está sucediendo. Por eso, en parte, los diferentes organismos están empeorando sus previsiones en cuanto al crecimiento que el Producto Interior Bruto (PIB) experimentará en España en 2021. El Gobierno, de primeras, esperaba que con la ejecución completa del plan de recuperación la economía española creciese este año un 9,8%, pero este mes ha rebajado ese cálculo hasta el 6,5%.

La pandemia ha destruido más de 100.000 empresas en todo 2020. En marzo, casi cuatro millones de personas seguían en paro (401.328 más que el año anterior) y 743.628, en ERTE, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y eso que los datos de marzo fueron especialmente buenos porque fue la primera vez que el paro bajó en lugar de subir desde septiembre.

Por eso, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha convertido en una suerte de plan Marshall que las empresas españolas esperan para pasar página de los estragos que ha causado la crisis del coronavirus, pero su gestión preocupa al sector empresarial hasta el punto de que muchas no saben cuál es el dinero que les corresponderá, ni cómo llegará, se distribuirá, y, en definitiva, si podrán acceder a él, critica la oposición, que tampoco lo ve claro y teme que pueda acabar solo en grandes empresas (a pesar de que el mismo decreto promueve la «potenciación de pymes»).

Con todo, desde Economía han insistido en repetidas ocasiones que las pymes no se quedarán fuera del reparto de los fondos europeos, pero las dudas de las empresas, políticos y expertos continúan vigentes, a la espera de noticias.

La comisión permanente contra la desinformación —bautizada mediáticamente como «Ministerio de la Verdad»— lleva trabajando desde el 15 de marzo de 2019 sin rendir cuentas ni ofrecer detalles sobre sus actuaciones u operativas. El pasado mes de julio, Vox lanzó una batería de preguntas escritas al Gobierno a través del Congreso intentando arrojar luz sobre las actividades de este órgano, pero el Gobierno le contestó en octubre con negativas, evasivas y contradicciones, fundamentalmente.

La secretaría de Estado de Relaciones con Las Cortes reconoció que la comisión se mantenía «activa» desde su creación y que se ha reunido en cinco ocasiones, pero mantuvo ocultos las fechas y las materias abordadas en las mismas. 

Lo de las mascarillas obligatorias en la playa y en mitad del campo y en cualquier espacio cerrado o abierto de uso público o abierto al público no es una anécdota; es un síntoma. Si la fiebre y los problemas respiratorios son síntoma de coronavirus, el cómo, el por qué y el cuándo de que haya que usar mascarillas en mitad del campo y cómo quiere ahora quitarse por las bravas esa obligación impuesta POR UNA LEY DE LAS CORTES, O SEA, ESTATAL, son síntomas de una profunda degradación constitucional y del Estado de Derecho

La nueva orden del Gobierno contra la desinformación genera muchas dudas. Por esa razón urge comprobar si se trata de una norma peligrosa o, por el contrario, un instrumento eficaz para combatir las llamadas fake news. En este sentido, la propia norma describe la desinformación en los mismos términos que lo hace la Comisión Europea: «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público». Por consiguiente, la orden actuaría contra esa desinformación que, aunque en ocasiones relacionada con el covid-19, también afectará a otras temáticas. En consecuencia, la norma sostiene que ayudará «a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido».

El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado un organismo para vigilar las «noticias falsas» difundidas por internet, a cuyo frente figuran dos altos cargos de La Moncloa: el jefe de gabinete del presidente y el secretario de Estado de Comunicación. La orden publicada en el BOE reserva al Ejecutivo la potestad de determinar qué informaciones son erróneas y cuáles no, sin precisar los criterios en los que se ha de basar tal decisión. Resulta incuestionable la necesidad de poner coto a los bulos que, bajo el disfraz de supuestas noticias, inundan los redes sociales. Pero en un país democrático ello no puede servir de excusa para instaurar un orwelliano 'ministerio de la verdad' que fiscalice a los medios, los someta a control al dictaminar sobre su nivel de credibilidad y pluralismo, y coarte las libertades de expresión e información consustanciales a un Estado democrático de Derecho. El empeño resulta tan zafio y tan contrario a la Constitución que cuesta creer que sea real. El Gobierno ha negado cualquier voluntad de censurar a la Prensa y asegurado que la norma va dirigida fundamentalmente a combatir campañas de manipulación de otros países. Si es así, su torpe redacción invita a retirarla de inmediato.

El Gobierno se aplica la subida de sueldo de los funcionarios que se negó a diputados y senadores

El presidente percibirá 85.608,72 euros al año (7.134 euros mes) y el salario anual de sus vicepresidentes sube a 80.463,93 euros

El Gobierno ha decidido que la subida salarial pactada para los funcionarios se aplique también al presidente y a sus ministros, una actualización que, en cambio, se rechazó hace una semana en el Congreso y en Senado para diputados y senadores.

Los abajo firmantes, profesores de Historia Contemporánea en varias universidades españolas y extranjeras, ante la iniciativa presentada por el Grupo Municipal Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que sean retiradas placas de calles y estatuas de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto Tuero, que fue apoyada por los Grupos Municipales del PP y de Cs, desean emitir un juicio estrictamente técnico de las afirmaciones vertidas en dicho documento, que serán analizadas punto por punto y sustentadas en investigaciones de solvencia acreditada entre la comunidad científica.

También oculta su currículum pese a recibir una petición por parte del Partido Popular en el Congreso.

El Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, sigue negándose a facilitar al Congreso de los Diputados la identidad de sus asesores y a precisar expresamente su sueldo. En la respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el PP, Igualdad informa únicamente de que el gabinete de la ministra consta de cinco asesoras nivel 30 y tres consejeros nivel 28.

El Gobierno, en concurso con las comunidades autónomas, definió este jueves un protocolo de actuación común para la vuelta al cole segura con la presencialidad, el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los seis años y el fomento de las medidas básicas de higiene como líneas maestras de un plan que, por contra, no ha terminado de convencer a algunos líderes regionales.

(...)

Fuentes presentes en la reunión de este jueves aseguran que el gobierno liderado por Íñigo Urkullu lideró las protestas contra las deliberaciones aportadas por los miembros del Ejecutivo para la apertura de las aulas. Explican que uno de los motivos que precipitó la abstención del Gobierno Vasco fue la negativa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a aceptar su petición de otorgar a las comunidades autónomas un plazo de 48 horas para enviar propuestas o modificaciones al documento final aprobado este mismo jueves.

Aragón dio inicio a la segunda ola de coronavirus en España y Aragón sigue siendo la comunidad que mayor carga proporcional soporta a día de hoy en su sistema sanitario. La comunidad ha registrado en las últimas dos semanas 6.724 casos, lo que supone una incidencia acumulada de 509,67 infectados por cada 100.000 habitantes. En ese aspecto, sigue por delante de Madrid y del País Vasco, que se encuentran en 288,25 y 262,71 respectivamente.

Fernando Simón admite que “aunque la epidemia no está fuera de control a nivel nacional, sí lo está en algunos puntos concretos”.

El coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha lanzado esta tarde un mensaje de alerta a la sociedad ante el constante aumento de casos y fallecimientos por coronavirus que registra España en las últimas semanas: “Que nadie se confunda, las cosas no van bien”, ha resumido la cara más reconocible de la epidemia en el país tras comunicar 7.039 nuevos contagios, 3.349 en las últimas 24 horas.

Sanidad admite que el auge de casos ha llevado a una situación en la que “aunque la epidemia no está fuera de control a nivel nacional, sí lo está en algunos puntos concretos”.

El partido recurre la batería de diligencias pedidas por el juez Escalonilla, al que acusa de abrir una "causa general", y recuerda que varios tribunales ya han investigado sus cuentas sin encontrar nada punible

El ministro de Sanidad ha explicado que el grupo de expertos que realizaba los informes para avalar el paso de fase era el doctor Fernando Simón y su equipo

Salvador Illa ha asegurado este jueves que «no se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad» para realizar los informes que avalaban el cambio de fase de cada comunidad autónoma y que él fue quien tomó estas decisiones a partir de los informes de los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

La plataforma ‘Médicos por la verdad’ se presentó el pasado 25 de julio en un acto celebrado en el Palacio de la Prensa de Madrid. Mientras que dicho acto se ha vendido en Youtube y en redes sociales como una rueda de prensa, los organizadores no dieron paso a las preguntas de los allí presentes.

El acto sirvió para que los miembros de este grupo de médicos relataran, una vez más, sus teorías conspirativas acerca de la pandemia. Repasamos estas declaraciones, algunas de ellas desmentidas anteriormente por el equipo de verificación de Newtral.es

La izquierda 'abertzale' trata de ganar peso en la política nacional y aprovechar en las urnas la ausencia de ETA

El Ministerio que dirige Salvador Illa contrató a un laboratorio alicantino especializado en ensayos de material textil días después de suspender la compra de un lote de 2,1 millones de mascarillas por su baja eficacia de filtración

El Ministerio de Sanidad contrató a un laboratorio privado para que verificara la calidad de mascarillas de protección frente al coronavirus cuando ya había comprado más de 723,72 millones de unidades, lo que le había obligado a realizar un desembolso superior a los 680 millones de euros en más de una veintena de operaciones.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -uno de los dos organismos de Sanidad que han llevado a cabo las adquisiciones de material sanitario para luchar contra la covid-19- adjudicó el pasado 30 de abril a la Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX) el «servicio de realización de ensayos para el aseguramiento de la calidad» de 35 modelos de mascarillas y cuatro de guantes. El coste del encargo se fijó en 2.904 euros.

El Ejecutivo está recurriendo por inercia los dictámenes del Consejo de Transparencia y las decisiones judiciales que le obligan a dar información, o no las ejecutan.


El Gobierno, para intentar frenar el acceso a información pública, no solo dispara con pólvora del rey, sino que además, dispara al aire. En los últimos meses, el Ejecutivo ha llevado a juicio, una vez sí y otra también, todas las resoluciones que le obligaban a dar información. Incluso en casos en los que esos datos se han dado en otras ocasiones o cuando ya se ha respondido a la pregunta. Ante la duda, recurso al canto.

El Ministerio de Sanidad hace 14 nuevas "contrataciones de emergencia", adjudicaciones a empresas sin concurso público, de las que de no da cuenta en rueda de prensa


El Ministerio de Salvador Illa lo ha vuelto a hacer. El Gobierno ha vuelto a comprar material sanitario a China por un total de 22.218.334 euros para que las comunidades autónomas cuenten con reservas ante posibles rebrotes. En esta ocasión, la inversión tiene una particularidad: el 40% del gasto, unos nueve millones de euros, van destinados únicamente a la logística, para el "transporte aéreo, ferrocarril y por carretera".

Referentes de BLM afirman que la figura de Jesús promueve la supremacía blanca

En medio de la destrucción del patrimonio histórico desencadenado en EE. UU. y el mundo, el movimiento Black Lives Matter (BLM) ha señalado a su siguiente objetivo: Jesucristo. Toda representación de Jesús, desde murales hasta estatuas, deben ser destruidas, ya que, según los referentes de este movimiento, promueven la «supremacía blanca».

Aragón, La Rioja, Castilla y León y Navarra, con los porcentajes más altos

Los ataques de la izquierda a la Comunidad de Madrid por su gestión en la crisis del coronavirus, y en concreto por la situación de las residencias de mayores, no se corresponden con los datos reales sobre el número de contagiados y fallecidos. Y no porque no sean tan malos como dicen, con su número de fallecidos lo son, sino porque hay hasta diez comunidades que han tenido una situación peor que Madrid en las residencias, y en las que no se ha situado el foco de la misma manera que en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña es el objetivo político que la izquierda quiere batir, y para ello están centrando toda su artillería en atacarla por el drama de las residencias, mientras apenas se habla de comunidades como Aragón, donde el porcentaje de muertos en residencias duplica al de Madrid.

«Desesperados, perdíamos 3-4 ancianos, pedíamos auxilio a la administración y nos decían que la competencia era autonómica. ¿Cuándo nos tocaba?», relata la presidenta de CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a Personas), Cinta Pascual

(...)

«Nos abandonaron». «Descolgábamos un teléfono, se pasaban la pelota unos a otros, que si la responsabilidad es de las autonomías y nos preguntábamos cuándo nos toca»

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¿De quién fue la culpa?

No hay culpables. Hubo comunidades que cerarron antes, y no tuvieron que hacer frente «al por si acaso»; en Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid, en cambio, el sistema colapsó. No teníamos acceso a los mercados y a nuestros trabajadores se les dio la baja por teléfono. Al ser un sector social y no sanitario, tampoco podemos curar, en nuestro sector es difícil salvar a alguien y nos espabilamos después con el material: no nos daban recursos. Nos faltó la llamada de alguien diciendo «tendréis medios y personal en 24 horas. Vamos a poneros oxígeno y goteros», y solo con eso el impacto de la defunción hubiera sido mucho menor. Yo he tenido la sensación de que nos han atendido cuando las UCI estaban liberadas.

El 6 de marzo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pudo escuchar de primera mano los evidentes riesgos de expansión del coronavirus. Ese día, acudió a la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores en la que se abordó el asunto. A la cita, además de los titulares del ramo de los diferentes países europeos, asistieron también como invitados representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y su mensaje fue contundente: era necesario adoptar medidas urgentes para evitar la propagación del virus.

La Relación de Puestos de Trabajo de Presidencia del Gobierno desvela que el presidente cuenta con un equipo mayor al de la anterior legislatura por los nuevos departamentos creados.


Pedro Sánchez cuenta en Moncloa con un 'batallón' de 656 asesores y personal a su disposición. La nómina total ha aumentado en estos primeros seis meses de Gobierno por los nuevos departamentos creados en Presidencia del Gobierno tras la formación del Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos el pasado mes de enero. Hay un auténtico 'overbooking'. De hecho, en este momento la posibilidad de fichar del jefe del Ejecutivo y su equipo se encuentra al límite, con escasas vacantes. Y todo ello sin contar el número de trabajadores repartidos por los diferentes ministerios en el que es el segundo consejo de ministros más amplio de la democracia.

MoMo: 43.424
INE: 43.945
AESPROF: 43.985
Recuento autonómico: 40.993

Sanidad:
27.136
27.136
27.136
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27.136
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1. El total de fallecidos coronavirus declarados por las 17 comunidades autónomas desde el 25 de mayo, el día que Sanidad dejó de publicar una cifra diaria, asciende a 1.437, según un análisis de las declaraciones regionales de los últimos dos meses. https://bit.ly/2UTDlJ4

Pese a bulos, pronunciamientos estrambóticos y movimientos antivacunas es un hecho innegable que la inmunización es la intervención médica más exitosa para preservar la salud global frente a las enfermedades infecciosas: salva millones de vidas

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La deseada vacuna frente al SARS-CoV-2 no se ha salvado de pintorescos pronunciamientos en su contra. Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, asegura que la vacuna “se fabrica a base de células de fetos abortados”, lo cual califica de “inhumano y cruel”.

Cualquiera que oiga estas declaraciones imaginará una fábrica por la que entran fetos humanos a una especie de licuadora y de la que sale un líquido destilado que nos protege frente al virus. Es evidente que esto no es así. Entonces, ¿de dónde procede esa afirmación? A mediados del siglo pasado vimos vacunas contra enfermedades que asolaban a la humanidad como la polio, el sarampión, la rubeola y la rabia. Fue la gran época del desarrollo de estos fármacos.

(...)

Hayflick razonó que el sistema más seguro y definido para generar vacunas debía consistir en un cultivo de células primarias (obtenidas directamente del organismo), no expuesto a infecciones ni a procesos tumorales. Utilizar tejido procedente de fetos sanos abortados le pareció la opción más acertada. Durante sus primeros intentos consiguió establecer diversas líneas de fibroblastos fetales que numeró WI-1 hasta WI-25 (por Wistar Institute y el número sucesivo de intento).

Hayflick recibía en su laboratorio tejido fetal procedente de abortos practicados por motivos médicos en un hospital cercano. Lo llevaba junto a un mechero Bunsen y, armado de bisturíes y solución de tripsina, lo troceaba y disgregaba hasta obtener una suspensión de células individualizadas.

Durante su homilia del Corpus Christi, y ante autoridades municipales, el cardenal afirmó que la vacuna es "obra del diablo" en plena pandemia
(...)
El cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, ha usado otro bulo que ha circulado durante las últimas semanas para negarse a su uso: que se está realizando con "células de fetos abortados".

Senior Catholic leaders in the United States and Canada, along with other antiabortion groups, are raising ethical objections to promising COVID-19 vaccine candidates that are manufactured using cells derived from human fetuses electively aborted decades ago. They have not sought to block government funding for the vaccines, which include two candidate vaccines that the Trump administration plans to support with an investment of up to $1.7 billion, as well as a third candidate made by a Chinese company in collaboration with Canada’s National Research Council (NRC). But they are urging funders and policymakers to ensure that companies develop other vaccines that do not rely on such human fetal cell lines and, in the United States, asking the government to “incentivize” firms to only make vaccines that don’t rely on fetal cells.

“It is critically important that Americans have access to a vaccine that is produced ethically: no American should be forced to choose between being vaccinated against this potentially deadly virus and violating his or her conscience,” members of the U.S. Conference of Catholic Bishops and 20 other religious, medical, and political organizations that oppose abortion wrote to Stephen Hahn, commissioner of the U.S. Food and Drug Administration (FDA), in April. “Thankfully, other [COVID-19] vaccines … utilize cell lines not connected to unethical procedures and methods.”

Top U.S. scientists left out of White House selection of COVID-19 vaccine short list
See all of our coverage of the coronavirus outbreak
“We urge your government to fund the development of vaccines that do not create an ethical dilemma for many Canadians,” wrote Archbishop of Winnipeg Richard Gagnon, president of the Canadian Conference of Catholic Bishops, and 17 other antiabortion religious, medical, and politic groups and individuals in a 21 May letter to Prime Minister Justin Trudeau. “The … manufacture of vaccines using such ethically-tainted human cell lines demonstrates profound disrespect for the dignity of the human person.”

FDA and senior White House officials did not respond to emails requesting comment on the letter to Hahn. In Canada, the health ministry has promised to respond to the letter to Trudeau, says Moira McQueen, executive director of the Canadian Catholic Bioethics Institute and lead signatory on the letter.

Cells derived from elective abortions have been used since the 1960s to manufacture vaccines, including current vaccines against rubella, chickenpox, hepatitis A, and shingles. They have also been used to make approved drugs against diseases including hemophilia, rheumatoid arthritis, and cystic fibrosis. Now, research groups around the world are working to develop more than 130 candidate vaccines against COVID-19, according to the World Health Organization; 10 had entered human trials as of 2 June.

At least five of the candidate COVID-19 vaccines use one of two human fetal cell lines: HEK-293, a kidney cell line widely used in research and industry that comes from a fetus aborted in about 1972; and PER.C6, a proprietary cell line owned by Janssen, a subsidiary of Johnson & Johnson, developed from retinal cells from an 18-week-old fetus aborted in 1985. Both cell lines were developed in the lab of molecular biologist Alex van der Eb at Leiden University. Two of the five vaccines have entered human trials (see table, below).

Agentes de la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) del Cuerpo Nacional de Policía procedieron a la detención de una mujer, de 34 años, nacionalidad española y múltiples antecedentes policiales, por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar.

Según información a la que ha tenido acceso Ultima Hora los hechos se remontan al pasado viernes día 5 de junio. En torno a las 17.30 horas, un niño -de unos 11 años de edad- llamó al teléfono de emergencias del 112 alertando de que había sido víctima de una paliza por parte de su progenitora. Rápidamente, varias patrullas se desplazaron hasta el lugar y se entrevistaron con la abuela del menor y atendieron al pequeño de las lesiones que presentaba. La víctima presentaba una herida sangrante en la nariz y contusiones visibles por algunas partes del cuerpo.

Protección del menor

Con la intención de proteger la identidad de las víctimas, en esta información se omite de forma intencionada el facilitar datos personales y ubicación del lugar donde sucedieron los hechos para no perjudicar a los menores implicados. Todo apunta a que el niño logró contactar por mensaje con la actual pareja sentimental de su madre y le pidió que no se fuera a vivir con ella. La ahora detenida logró interceptar el mensaje y, visiblemente enfurecida, se desplazó hasta donde residen los niños (casa de sus abuelos) y le propinó una paliza. La progenitora lanzó puñetazos y patadas a los pequeños e incluso trató, sin éxito, de coger una barra de hierro para ‘reventar’ a su hijo. Afortunadamente y a pesar de sus esfuerzos, no consiguió sacar la barra metálica.

Acto seguido, agentes especializados de la UFAM se hicieron cargo de la investigación y descubrieron que la violencia ejercida sobre su hijo no era un hecho aislado. La niña, de 10 años, también había sido agredida en anteriores ocasiones.

La arrestada cuenta con múltiples antecedentes por lesiones y robos

La detenida no es una madre ejemplar. Además de tener varias denuncias por lesiones, robos, hurtos etc... los niños viven con su abuela. La acusada, es una mujer de 34 años muy violenta y ejerce de forma periódica una violencia extrema sobre sus hijos menores de edad. Las declaraciones de los pequeños son aterradoras. Ante estos nuevos acontecimientos, la UFAM (Unidad de Familia y de Mujer) ha realizado un informe a la autoridad judicial solicitando amparo para los niños.

"Eventos deportivos, conciertos, eventos religiosos y conferencias aumentan el número de contactos entre personas por largos períodos y a veces en espacios reducidos", señala el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO
Otra juez reactiva las causas del coronavirus: Simón será investigado por imprudencia temeraria
Coronavirus: última hora en directo del Covid-19 y las fases de la desescalada

Un sondeo a 50 académicos de una veintena de países sirve de punto de partida para ubicar al partido español dentro de la heterogénea ola de formaciones conservadoras, nacionalistas y radicales que recorre el continente.

Vox ha logrado hacerse un hueco destacado en la actualidad gracias a su estrategia de ataque frontal a las políticas del Gobierno para intentar frenar la pandemia del coronavirus, lanzando graves acusaciones de negligencia criminal y promoviendo protestas masivas como las del pasado 23 de mayo en distintas ciudades españolas ...

El Ministerio del Interior estableció desde finales de enero -cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la emergencia sanitaria- protocolos claros contra el coronavirus para la Policía Nacional, pero también para los funcionarios penitenciarios y los presos. Y los reforzó y reiteró en las semanas previas a que se disparase la pandemia. Desde el 4 de febrero hasta el 5 de marzo, la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria insistió en recomendar medidas de distanciamiento social en entornos en los que pudiera haber casos sospechosos.

La magistrada que instruye el caso 8-M ha facilitado a los empleados públicos una copia de la declaración que prestaron ante la Guardia Civil; todos han reconocido haber leído y firmado el testimonio, pero han decidido no ratificar el contenido

El ministerio ha encontrado una vía para acceder al contenido completo de la investigación sobre el 8-M y decenas de casos abiertos que se instruyen en secreto bajo supervisión judicial

El psiquiatra llega a comparar al presidente del Gobierno con Hitler

La psicopatía de Pedro Sánchez se encuadra en el grupo B, con tipificación nosológica F60.8 (Trastorno narcisista de la personalidad), siguiendo el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-IV-TR, cuyos criterios para este tipo de trastornos son:

1- Grandioso sentido de la propia importancia;

2.- Preocupación de éxito ilimitado, poder, brillantez;

3.-Creerse especiales, únicos;

4.-Exigencia de excesiva admiración;

5.-Pretensiocidad, expectativas irrazonables de que se cumplan las aspiraciones;

6.-Interpersonalmente son explotadores, sacan provecho de los demás para alcanzar sus metas;

7.- Carecen de empatía;

8.- Con frecuencia, envidian a los demás o creen que les envidian a ellos;

9.- Comportamientos arrogantes.

La Guardia Civil ha remitido un informe al juzgado de instrucción número 51 de Madrid en el que recoge nueve avisos que se produjeron antes del 8 de marzo sobre el riesgo que conllevaba el covid

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, pasó por alto nueve alertas sobre el coronavirus antes de que se celebrara la manifestación del 8-M. Esa es una de las conclusiones que recoge la Guardia Civil en el informe que ha remitido a la titular del juzgado de instrucción número 51 de plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, que ha citado a declarar como imputado a Franco el próximo 5 de junio por un presunto delito de prevaricación al permitir la celebración de concentraciones masivas en los días previos a que se decretara el estado de alarma.

Según este medio, el atestado por el que se imputa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, contiene clamorosos errores, bulos ya desmentidos y sostiene que frases de Fernando Simón "implican un propio riesgo para toda la comunidad". La jueza advierte de que actuará contra Interior si confirma que Pérez de los Cobos ha sido cesado por obedecerla | El informe desencadena una crisis en Interior.

Enlace de la SER al descargable del informe.

Los periodistas son incapaces de recordar de qué estaba hablando la recién nombrada ministra Irene Montero cuando realizó un parón, levantó a su hija Aitana con su estilizados brazos y le dijo antes de endosársela a una de sus asesoras: «Bueno, ahora te vas con la tita»

Denunció en diciembre la aparición del Covid-19 y fue presionado. Ahora, fue nombrado “mártir”.

China nombró oficialmente como "mártir" a Li Wenliang, uno de los médicos denunciantes del coronavirus, según los medios de comunicación estatales, después de que su informante sobre el virus, la doctora Ai Fen haya desaparecido misteriosamente en los últimos días.

Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas es una pequeña empresa que ha recibido tres contratos millonarios del Gobierno: dos del Ministerio de Transportes y otro de Interior por recomendación del equipo de José Luis Ábalos.

Podemos ha empezado a moverse para reconstruir los puentes con ERC tras la quiebra de confianza mayúscula que supuso el segundo acuerdo con Cs, recuperando las opciones de excarcelación de los condenados por el 1-O que los independentistas siguen teniendo como uno de sus objetivos prioritarios. Ayer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, abogó de nuevo por el indulto, en unas oportunas declaraciones en Catalunya Radio en las que además defendió con brío el pacto con Bildu, la mejor carta de presentación para que Esquerra vuelva a acercarse a los morados.

Paralelamente, el portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, reclamaba que se aplique a los presos del procés el confinamiento domiciliario, dentro de las medidas de excarcelación de presos enmarcadas en la crisis sanitaria. Una medida que ya reclamaron las familias, a la que se ha opuesto el Tribunal Supremo. Paralelamente, la Fiscalía cuestionaba las salidas de Dolors Bassa al amparo del 100.2, como antes hizo con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

"Entre todos y todas derribaremos el muro que nos han levantado para aislar a quienes apostamos por el Podemos original", señala Fernando Barredo

El candidato a la Secretaría General de Podemos por la corriente Nuevo Impulso, Fernando Barredo, ha criticado duramente el proceso electoral concluido este jueves y en el que su contrincante, Pablo Iglesias, revalidó el cargo con más del 96% de los votos -y solo un 10% de participación-.

Según ha apuntado Barredo en nota de prensa, los resultados oficiales de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal «eran previsibles en esta convocatoria clandestina y maniatada, en la que además no se ha aplicado el sistema Desborda tal y como fue aprobado en Vistalegre 2, siendo de estricto cumplimiento».

La vicepresidenta de Asuntos Económicos considera "absurdo" abrir un debate de este tipo

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha calmado los ánimos dentro del sector empresarial y ha afirmado que «cualquier modificación en este ámbito se hará de forma dialogada con los agentes sociales». «Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas y no por crearlos», ha afirmado Calviño.

La noticia hace un retrato de María Luisa Fernández como la "representante" y cabeza visible del movimiento de caceroladas que se producen en toda España durante el confinamiento.

Subtítulo:
Una madrileña de 54 años simpatizante de Vox agita las manifestaciones y recopila datos personales: “Es el partido del futuro. El partido patriota”

En una protesta contra Pedro Sánchez en el madrileño barrio de Moratalaz se ha producido un enfrentamiento entre un grupo de extrema izquierda y los congregados en la zona.

Un hombre de 34 años que protestaba contra el Gobierno de Pedro Sánchez ha resultado herido este miércoles en el barrio de Moratalaz de Madrid, tras ser atacado a las 21.20 horas por varias personas de ideología contraria en el número 181 de la Avenida de Moratalaz.

La víctima ha recibido un golpe en la cabeza con un objeto contundente durante una pelea y ha sido trasladada con pronóstico reservado por el Samur al Hospital Gregorio Marañón, según ha confirmado Emergencias Madrid.

La Policía Nacional investiga los hechos y asegura que aún no se sabe la identidad del supuesto agresor. Varias personas han explicado que el agredido iba junto a su novia que era la que llevaba la bandera de España y que ha sido increpada por varias personas de ideología contraria que estaban acosando a los que protestaban contra Sánchez con banderas de España y cacerolas. Al tratar de defender a su pareja ha sido golpeado por al menos tres personas. La riña ha proseguido junto a una marquesina de autobús, tal y como recoge el vídeo principal que acompaña a esta información. Ha habido un intercambio de golpes y puñetazos y altercados entre personas de ambos bandos.

En las imágenes se ve un cruce de descalificaciones e insultos entre supuestos radicales de extrema izquierda y ciudadanos que caminaban con cacerolas y banderas de España. Algunas personas tratan de poner paz y se aprecia como varios jóvenes de extrema izquierda, uno de ellos también con heridas, señalan al hombre, que protestaba contra Sánchez, y que presuntamente les ha golpeado. Finalmente, ese hombre de 34 años, que tiene sangre en la cabeza, es atendido por los médicos del Samur y trasladado al hospital con un traumatismo craneal.

El Gobierno interino investiga el escándalo de corrupción desatado por la adquisición de 170 ventiladores a una empresa española a través de intermediarios

El escándalo desatado en Bolivia por la compra de respiradores con un sobreprecio millonario llevó este miércoles a la detención del ministro de Salud, Marcelo Navajas. Hasta ayer el responsable de la política sanitaria del Gobierno interino había descartado la existencia de irregularidades en la adquisición de 170 ventiladores a una empresa española a través de unos intermediarios. Junto a él, también fueron aprehendidos dos consultores de la institución que financió la operación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que inicialmente había respaldado esta compra para hacer frente a la covid-19. La situación de Navajas, que todavía no ha sido apartado de su cargo, dependerá del curso que tome la investigación policial.

Los empresarios han suspendido hoy el diálogo social con el Gobierno tras los pactos realizados por PSOE y Unidas Podemos con Bildu en paralelo a las negociaciones.

Autorizó la negociación aunque no conoció el documento final, que el PSOE matizó después de que Nadia Calviño exigiera su rectificación y otros ministros alertaran de sus consecuencias.

Echenique y Lastra negociaron sin darse cuenta del término "integral" en el acuerdo.

... Fuentes del Ejecutivo apuntan a que ni siquiera se eliminaron aspectos que ya están solventados como el despido por baja por enfermedad que el Ejecutivo aprobó en febrero pasado. Hasta la corrección, sostienen, es una "chapuza".

El pleno del Parlament votará hoy el cuarto decreto de medidas económicas aprobado por el Govern. Un decreto que esconde, en su disposición adicional cuarta, la subida de la pensión de los ex presidentes de la Generalitat, una medida que afecta a Artur Mas, José Montilla y Pasqual Maragall. Una medida que el Govern ha defendido argumentando que se trata «solo» de la subida para compensar el IPC de los últimos años y que se trata de un mísero 0,2%.

Se trata del mismo porcentaje en que el que se ha subido el sueldo Quim Torra en los presupuestos de 2020, porque así lo estipula la Ley de expresidentes de 2003. Por debajo del 0,9% que se ha subido el sueldo de conseller y altos cargos. Poco, defienden desde el Govern, cuya portavoz, Mertixell Budó, dejó claro este martes que no tienen ninguna intención de seguir la senda marcada por el Parlament, que ha propuesto una rebaja del 1% en el sueldo de los diputados para destinarlo a gasto sanitario.

De hecho, los presupuestos de la Generalitat para 2019, los primeros elaborados por el ejecutivo que preside Torra, que nunca llegaron a aprobarse, planteaban una subida de un 5,08% del sueldo del president y su consejeros.

Los socialistas matizan ahora el alcance del pacto con la izquierda abertzale reduciendo la reforma laboral "urgente" a tres puntos, uno de los cuales ya se cambió.

Se pone de manifiesto la falta de transparencia del Gobierno Sánchez con sus socios, y la prioridad de conseguir posponer el final del Estado de Alarma a cualquier precio.

El partido de Inés Arrimadas insiste en que no es un socio estable del Ejecutivo y estudiará posibles pactos en función de cada caso

El portavoz de Sanidad responde así ante la circulación de informes de Sanidad fechados en febrero y principios de marzo en los que se alertaba del riesgo de transmisión del virus.

Insiste en la "lentitud" de la ciencia y en hablar de "hipótesis" que había que esperar a confirmar. No contempla la posibilidad de actuar por si acaso.

A mí me cogen mintiendo de esta forma y no sé dónde meterme de la vergüenza. El que tenga dos dedos de frente sabe que Pedro Sánchez no está bien. Es mentiroso compulsivo y adicto al poder y a los focos.

La mujer de  @AbalosMeco
(Carolina Perles Miraña)➝ Colocada en #Fiadelso y en Delegación Gobierno

El padre de la mujer de  @AbalosMeco
(Mario Perles Belenguer) ➝ Colocado como secretario en #Fiadelso

¿Contamos dónde colocaste a la hermana, Ábalos?

Cc/
@Newtral

Emiten un comunicado en el que aprovechan para reclamar el acercamiento de presos, que beneficiaría a los internos de ETA

Todos los partidos nacionalistas y Podemos han firmado un manifiesto en el que reclaman medidas de excarcelación de presos y acercamientos para los internos a prisiones de su entorno familiar.

El escrito está firmado por Podemos, ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, Más País, la CUP, BNG y Compromis. "Por el respeto a las personas privadas de libertad" se titula.

Consideran que la crisis sanitaria "está teniendo un impacto muy fuerte sobre las personas en prisión". Y por eso reclaman al Gobierno una política urgente de excarcelaciones y acercamientos masivos para evitar contagios del coronavirus en las prisiones.

Así, en sus reclamaciones, piden excarcelar a los presos en situación de vulnerabilidad: presos enfermos, de avanzada edad y aquellos que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena. Consideran que en esta medida no puede haber "excepcionalidad" en función del delito, que debe favorecer a todos. Según datos de Interior, hay medio millar de internos que superan los 70 años de edad.

Además, piden proceder al acercamiento generalizado de presos que así lo soliciten a prisiones cercanas a sus domicilios y familias, empezando por los reclusos más alejados de sus domicilios y con los padres y madres con hijos menores. El acercamiento de los presos de ETA es una de las peticiones de los nacionalistas vascos más recurrentes, antes de que irrumpiera la pandemia.

Las dos primeras peticiones favorecerían, entre otros, a todos los presos de ETA, tanto las excarcelaciones como los acercamientos.

Asimismo, reclaman reforzar las medidas de protección en los centros penitenciarios y realizar diagnósticos rápidos a reclusos para prevenir y evitar la propagación del virus en prisión.

En su escrito, piden también que los presos tengan información actualizada y accesible sobre el desarrollo del Covid-19.

Reclaman al Ministerio del Interior que durante la fase de desescalada se retomen las comunicaciones directas de las personas presas con sus familias y abogados. Asimismo, extender la comunicación no presencial entre internos y familiares con llamadas gratuitas y ampliando las videollamadas sin las limitaciones actuales.

Precisamente hoy, el Ministerio del Interior ha anunciado beneficios penitenciarios para tres etarras. Ha aprobado el acercamiento de dos presos a Burgos y Logroño y la progresión a tercer grado penitenciario de un tercer terrorista.

Se trata de Josune Oña Ispizúa, que será trasladada desde el Centro Penitenciario de Alicante al de Logroño cuando se levanten las restricciones derivadas de la COVID-19. Tiene una condena de 25 años por los delitos de colaboración con banda armada, atentado, falsificación de documento público y tenencia ilícita de armas. Cumplirá las 3/4 partes de la condena en abril de 2023.

Álvaro Juan Arri Pascual será trasladado de la prisión Castellón II al Centro Penitenciario de Burgos. Cumple una condena de 30 años por asesinatos, estragos y atentados. Participó en el atentado cometido el 29 de julio de 1994 en la Plaza de Ramales en el que fallecieron el teniente general Francisco Veguillas, el conductor de su vehículo y un trabajador que descargaba en el lugar Interior ha resuelto además progresar a tercer grado a este interno:

El tercer etarra beneficiado es José Ramón Foruria Zubialdea, quien cumple 30 años de condena por el delito de atentado. En la actualidad cumple condena segundo grado, con control telemático, fuera del centro penitenciario. La Junta de Tratamiento de la prisión de Bilbao, de la que depende, ha propuesto su progresión a tercer grado, artículo 104 del Reglamento Penitenciario, por razones amparadas por la Ley de Protección de Datos, según apunta Interior en una nota.

Entrevista con Ion Arocena, director de AseBio
Desde la patronal de las empresas de biotecnología creen que si se hubiera apostado por ellas, a estas alturas se podrían haber realizado pruebas a cuatro millones de personas en nuestro país.

En más de una ocasión habrá leído o escuchado sobre la existencia de empresas españolas con las que el Gobierno podría haber contado para la disposición de test de diagnóstico del coronavirus y, sin embargo, no lo ha hecho. ¿Realmente hemos hecho uso de las capacidades de nuestras compañías en esta crisis sanitaria?

Nueve grupos parlamentarios reclaman poner en libertad a presos enfermos, mayores de 65 años y con tres cuartas partes de la condena cumplida

Unidas Podemos, socio en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ha firmado junto a otros ocho partidos con representación parlamentaria un escrito en el que reclama al Ejecutivo la excarcelación de cientos de presos para evitar los contagios por coronavirus dentro de las prisiones. En concreto, las nueve formaciones firmantes ―además de la coalición de izquierdas, están PNV, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, Más País, la CUP, el BNG y Compromís― piden la puesta en libertad de aquellos reclusos “que presenten especial vulnerabilidad ante la covid-19”, entre los que sitúa aquellos que sufran “patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad ―mayores de 65 años―, por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia”. El documento esgrime para ello las recomendaciones en este sentido de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic.

El escrito también reclama que aquellos que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena (a partir de la cual un interno puede pedir la libertad condicional) sean excarcelados cuando “no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social” independientemente de “la tipología o gravedad del delito” que hubieran cometido, en clara referencia a los presos de ETA. De los 211 etarras actualmente recluidos en cárceles españolas (hay otros 35 en prisiones de Francia), al menos 64 se encuentran en esta situación. Por Unidas Podemos firma el documento el dirigente de En Común Podem Jaume Asens, quien hace unas semanas ya pidió al Gobierno que se adoptaran medidas excepcionales para permitir a todos los presos clasificados en segundo ―régimen ordinario― y en tercer grado penitenciario ―semilibertad― que estuvieran disfrutando de permisos de salida antes de estallar la crisis pasaran a cumplir las penas en sus domicilios mientras dure la pandemia. Parte de estas medidas ya las había adoptado Interior a partir de marz<o, al extender a más del 77% de los 7.182 presos en semilibertad la modalidad de cumplimiento de sus penas en casa vigilados mediante pulseras de control telemático.

(...)

Además, y tras la suspensión de las comunicaciones presenciales entre los internos y sus familias tras decretarse el estado de alarma a mediados de marzo, el escrito pide extender la gratuidad de las llamadas telefónicas entre los presos y sus allegados ―ya adoptada por Interior al inicio de la crisis para los reclusos sin recursos― y ampliar el recurso de las videollamadas “más allá de las actuales restricciones limitadas a circunstancias de enfermedad o urgencia familiar”. Instituciones Penitenciarias adquirió 205 teléfonos smartphone para facilitar estos contactos, aunque determinó que tenían preferencia aquellos internos con patologías graves que “hagan aconsejable un contacto con la familia y permitir dar a conocer visualmente a los familiares la evolución de su enfermedad”, de los que se tenga constancia que sufren “problemas familiares que no pudieran ser paliados por otras vías” y los que hayan sufrido el fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, o cuya pareja haya tenido un hijo. Antes de la epidemia, el reglamento preveía para estos casos permisos extraordinarios de salida, ahora suspendidos.

Finalmente, los nueve partidos reclaman que “cuando se inicie la desescalada” ―este lunes comienza en buena parte de España―, “se tengan en cuenta a las personas privadas de libertad y se aceleren las decisiones encaminadas a que las personas presas retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados”, suspendidas tras el decreto del estado de alarma. En este sentido, añaden la necesidad de proceder a un “acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos que así lo soliciten, ya que supone un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de los internos”. Este acercamiento, añade el texto, “debiera iniciarse con los reclusos más alejados de sus domicilios y con los padres y madres de hijos mayores”. Para ello, pide que se retomen las llamadas conducciones (traslados en vehículos de la Guardia Civil de presos entre cárceles, reducidos a los imprescindibles desde el estallido de la pandemia) “con medidas higiénicas y de seguridad similares a las de otro tipo de transportes”.

Interior informó a finales de abril en una nota de prensa de que el impacto de la pandemia en las cárceles era cuatro veces inferior al impacto en la población general. El número de positivos total entre la población reclusa era, hasta este domingo, de 60 en una población de 50.800 internos, lo que supone una tasa de algo más de uno por cada mil internos, mientras que entre la población general esa tasa es de 4,3 positivos por cada mil habitantes. Hasta ahora se han producido seis fallecimientos por coronavirus en el ámbito penitenciarios (dos reclusos y cuatro funcionarios). Además, Instituciones Penitenciarias tenía confirmados 318 contagios (258 trabajadores y 60 internos), de los cuales 158 ya han recibido el alto médica (144 trabajadores y 14 internos), según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias.

Un documento del grupo de apoyo a presos de ETA lo sitúa como su contacto
Fue intervenido hace un año en la operación de desmantelamiento del colectivo
Herrira pidió que Iglesias apoyara en Pamplona a los presos y él accedió
Su pareja, cargo de IU, participó en una cena de ayuda al colectivo en Madrid

Para Herrira, el nombre de Pablo Iglesias no era precisamente desconocido. En la documentación intervenida por la Guardia Civil en las actuaciones contra esta estructura abertzale de apoyo a los presos de la organización terrorista ETA aparecían referencias claras al líder del partido político Podemos.

Para el resto del territorio español, los desplazamientos quedan limitados al interior de una misma provincia, isla o área sanitaria

El Gobierno permitirá al Ejecutivo vasco que regule la posibilidad de desplazarse entre sus "territorios históricos", la denominación usada en la normativa vasca para referirse a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, han precisado fuentes gubernamentales, que argumentan que la extensión del País Vasco, donde viven más de dos millones de personas, es inferior a la provincia de Badajoz.
(...)
En cualquier caso, desde el Gobierno se aclara que los dos Ejecutivos entienden que puede haber razones justificadas que permitan la movilidad entre las tres provincias y cuya regulación quedará en manos de las autoridades vascas.

Para el resto del territorio español, los desplazamientos quedan limitados al interior de una misma provincia, isla o área sanitaria, si bien se permiten "excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza".

La lista de 15 "expertos" médicos incluye 10 altos o ex-altos cargos del @PSOE
Por eso no querían publicarlo:

Raquel Yotti Álvarez
Manuel Cuenca Estrella
Carlos Cuerpo Caballero
Manuel Muñiz Villa
Ángel Alonso Arroba
Diego Rubio Rodríguez
Diego Martínez Bello
Carmen Artigas Brugal
José Fernández Albertos
Ana María García García
Antonio Plasensia Taradach
Miguel Ángel Hernan
Miguel Otero Iglesias
Borja Barragué Calvo
Bruno Sánchez-Andrede Nuño
De esos 15 nombres:

- 10 altos o ex-altos cargos del @PSOE

- 2 colaboradores de @El_Pais

- 2 vinculados a @Podemos

- 3 profesores colocados a dedo por @SanchezCastejon

¿Que por qué os enteráis en un hilo de twitter y no en una rueda de prensa del Gobierno?
Muy buena pregunta.

Estos son los supuestos “expertos” que han elegido estos cenutrios:

Altos cargos y funcionarios nombrados a dedo por Sánchez o sus ministros:
1.1. Que tienen alguna relación profesional con el problema, aunque sea lejana, o que al menos son médicos o similar:
Raquel Yotti Alvarez. Licenciada en Medicina. Directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), un organismo público, desde que la nombró el propio Sánchez en agosto de 2018 poco después de usurpar el poder. Tiene rango de Directora General en el organigrama del Ministerio de la Incompetencia y la Muerte (antes conocido como Ministerio de Sanidad). Hasta entonces, jefa de Cardiología Clínica en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, un cargo muy respetable pero que poco tiene que ver con la emergencia sanitaria que nos está destrozando. En España debe haber más de 200 “jefes de cardiología”, teniendo en cuenta que hay casi 800 hospitales de los cuales 350 son públicos …

Manuel Cuenca Estrella (n. 1967). Microbiólogo especializado en infecciones fúngicas (i.e., producidas por hongos, no por virus). Desde 2015 es uno de los seis subdirectores generales del ISCIII, donde lleva trabajando prácticamente desde que se licenció (no ha hecho otra cosa). En la web del ISCIII su curriculum vitae está en blanco[1]. También es licenciado en Historia (aquí tiene una buena tragedia que contar) y experto en “estadística médica”: quizás sea el responsable del caos absoluto con las cifras reportadas por el gobierno.

1.2. Que no tienen ninguna relación con el problema

Carlos Cuerpo Caballero. Técnico Comercial del Estado. Director de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía. Según la web de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado[2] está especializado en “seguimiento y análisis de los mercados de activos inmobiliarios y las pautas de endeudamiento del sector privado” (si, han leído bien). Nada que ver con la medicina o la salud pública.

Manuel Muñiz Villa. Licenciado en derecho. Profesor del Instituto de Empresa (casualmente de donde cobra Begoña, la mujer de Sánchez, vaya, vaya) nombrado por Sánchez secretario de Estado de “España Global”, un organismo de nueva creación dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores que no se sabe para qué sirve y en el que sustituyó a la “negra” que escribió la autobiografía de Sánchez (Irene Lozano). Según su CV es especialista en “innovación, disrupción, economía política y gobernanza regional y global”. Sonaría a broma, si no hubiera 35.000 muertos y más de millón y medio de nuevos parados: eso sí que es “disrupción”.

Angel Alonso Arroba. Licenciado en Periodismo y Antropología Social. Profesor asociado en el Instituto de Empresa (¡otro!). Trabajó como analista en el Open Society Institute (George SOROS, no podía faltar). A principios de marzo le nombraron “Embajador en Misión Especial para la Ciudadanía Española Global”, lo que probablemente ni él sepa lo que es. Ni la más remota idea de medicina, ni de salud pública, ni de nada que se le parezca.

Diego Rubio Rodríguez (n. 1986). Licenciado en Historia. Nombrado por Sánchez director de la “Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo plazo”, uno de los múltiples organismos inútiles creados por Sánchez (este en enero de 2020) para colocar a sus correligionarios o a los de sus socios de gobierno. No se sabe que ha hecho antes. Es un acólito del funesto Iván Redondo, uno de los personajes que más daño ha hecho a España en lo que llevamos de siglo, como mínimo.

Diego Martínez Belio. Diplomático. Director del gabinete del secretario de Estado para la Unión Europea desde febrero de este año, un cargo muy menor dentro del Ministerio de AA.EE. Parece ser que ya colaboró con uno de los peores ministros de AA. EE. de la historia de España, el patético Miguel Angel Moratinos.

Carmen Artigas Brugal (n. 1968). Licenciada en Ingeniería Química y doctora en Ciencias Químicas. Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, responsable de Transformación Digital (otro de los organismos inútiles con nombre rimbombante creados por Sánchez). Parece ser que es experta en ‘big data’ e inteligencia artificial y su tesis doctoral versó sobre “química cuántica y cáncer” (como se ve, directamente relacionada con el problema). Ha trabajado brevemente en Ericsson, pero la mayor parte de su experiencia es en puestos oficiales vinculados al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalidad catalana, de donde tuvo que dimitir por adjudicar ilegalmente contratos por importe de 320.000€ a la empresa de su marido, un tal Jaime Agut: unos antecedentes inmejorables para formar parte de este gobierno de cuatreros.

José Fernández Albertos. Doctor en Ciencias Políticas. Investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y asesor (uno de tantos) del ministro de Seguridad Social. Especialista, según él, en “la intersección de la economía política y la política comparada” (alucina, vecina). Vinculado a Potemos.

Ex -Altos cargos socialistas que, por lo menos, son médicos.
Ana María García García (n. 1963). Doctora en Medicina. Directora General de Salud Pública en la Comunidad Valenciana con el PSOE (2015-2019). Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la U. de Valencia. Muy respetable, aunque en España hay del orden de otros 12.000 catedráticos de universidad entre los cuales, seguro, hay muchos más adecuados que ella para formar parte de este grupo de supuestos “expertos”.

Antonio Plasencia Taradach (n. 1957). Licenciado en Medicina. Director General de Salud Pública en la Generalidad de Cataluña con el PSC/PSOE (2004-2011). Antes de eso trabajó en varios organismos relacionados con el Ayuntamiento de Barcelona cuando la alcaldía estaba en manos del PSC/PSOE (1979-2006). Ahora le han colocado como director de una fundación financiada por La Caixa, llamada “Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)”[3] dedicada a “contribuir al esfuerzo de la comunidad internacional con el objetivo de afrontar los retos de la salud en un mundo globalizado” y, para completar el sueldo, como “médico consultor” en el departamento de “Salud Internacional” (sic) del Hospital Clínico de Barcelona, dependiente -obviamente- de la Generalidad. En ese “instituto” están colocados otros ilustres del PSOE, como la ínclita Leire Pajín, que dicen que es “Directora de Desarrollo Global”. Colaborador en “El País”, donde ha escrito algún artículo muy directamente relacionado con esta crisis, como por ejemplo “Los accidentes de tráfico y el crecimiento económico” (12-07-2000)

Un médico que da clases de epidemiología en la Universidad de Harvard.
Miguel Angel Hernan (n. 1971). Licenciado en Medicina. Aunque se le presenta como “catedrático de epidemiología” (título que no existe en las universidades norteamericanas) es simplemente uno de los profesores titulares (`primary faculty’) del departamento de Epidemiología y del de Bioestadísitica de la T.H.Chan School of Public Health de la Universidad de Harvard: según la web de la universidad[4] solo en su departamento hay otros 44 ‘primary faculty’ como él, además de 54 ‘secondary faculty’, 40 ‘assistant faculty’, 6 ‘emeritus faculty’ y un ‘visiting faculty’. Tiene su mérito, pero probablemente no entre en la lista de Premios Nobel egresados de Harvard (van por 49 profesores permanentes y otros 110 que han pasado por sus aulas) … Eso sí, él debe ser el más multidisciplinar, pues según su perfil biográfico trabaja en “la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades cardiovasculares y psicosis” (echo en falta la eyaculación precoz) … ya se sabe que quien mucho abarca poco aprieta. Probablemente le han incorporado por la parte de la “psicosis”.

Otro profesor de Instituto de Empresa para pagar bien pagado el favor de Begoña
Miguel Otero Iglesias. Economista. También profesor del Instituto de Empresa (y van tres … caro nos ha salido el enchufe de Begoña). Especialista en “relaciones monetarias y financieras internacionales” según la web del IE[5]. Nada que ver con la medicina o la salud pública. Un cretino que hace unos días, el 4 de abril, publicó un artículo donde decía literalmente que el norte de Europa “es austero y [está] harto de pagar el pato por el dinero (sic) que otros derrochan”[6]: Dios nos libre de los amigos, que de los enemigos ya me cuido yo.

Otro ciudadano para completar la cuota de Podemos (son dos)

Borja Barragué Calvo (n. 1988). Profesor de Filosofía del Derecho en la UNED y colaborador de “El País” (van dos). Vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid desde que se licenció, en cuya web[7] aparecen en blanco los capítulos de “Reconocimientos investigación” y “Reconocimientos docentes” de su CV, así que no debe ser muy brillante. Se presenta como “politólogo vinculado a la izquierda” y “especializado en desigualdad”. Ha escrito un libro (“Larga vida a la socialdemocracia”) donde defiende la tesis de que hay que “evitar que los mercados se comporten como les dé la gana”: seguramente ha sido el autor de la brillante idea de regular el precio de las mascarillas para provocar desabastecimiento. Un ‘don nadie’ podemita, un totalitario más. Acojonante.

y 6. Un individuo que he sido incapaz ni de imaginar que tiene que ver con el problema, salvo que sea familiar o amigo de alguien …

Bruno Sánchez-Andrade Nuño (n. 1981). Astrofísico (quizás quieran decir astrologo, es lo único que faltaba), que se presenta como “asesor científico”. Trabajó becado en la NASA para “estudiar la superficie del Sol” (estudios muy útiles para combatir al Covid) y a continuación pasó a colaborar con organismos internacionales y varias ONGs en asuntos relacionados con … (ta-chan) … ¡el CAMBIO CLIMÁTICO!. Actualmente es “vicepresidente de impacto social” (¿perdona?) de una empresa argentina de satélites llamada Stallelogic[8]. Les aseguro que no es broma.

Les garantizo que en varios de los casos he comprobado hasta tres y cuatro veces lo que estaba leyendo, porque no me lo podía creer y, por supuesto, que no me he inventado ni una coma.

En resumen:

4 médicos (vale), si bien alguno especializado en áreas que nada tienen que ver con el problema (cardiología) y que salvo uno (el faculty de Harvard) son todos o altos cargos o ex-altos cargos del PSOE.
Un microbiólogo (vale)
Dos economistas
Un licenciado en derecho
Un historiador
Una química
Un periodista y “antropólogo social”
Un diplomático
Un doctor y un licenciado en ciencias políticas (“politólogo” según él)
Un astrofísico “especializado” en la superficie del Sol, los satélites y el cambio climático.
10 de los 15 son altos cargos o ex-altos cargos de gobiernos del PSOE y uno más (M. Cuenca) es un alto funcionario público.
2 están vinculados a Podemos (el doctor en CC. Políticas y el “politólogo”, como era de esperar)
3 son profesores (o ex-profesores, hasta que Sánchez les dio un cargo oficial) del Instituto de Empresa (la cuota de Begoña)
2 son colaboradores de “El País” (para que les traten bien)

El ministro de Sanidad y Fernando Simón pidieron el 5 de marzo a los líderes evangélicos de España que cancelaran un congreso mundial que tenían previsto celebrar dos semanas después

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconocieron el 5 de marzo en una reunión de trabajo que no había trascendido hasta ahora que la situación en ese momento ya era muy complicada y que había que suspender un congreso religioso que iba a celebrarse en Madrid en dos semanas, porque la cita suponía un enorme riesgo para la salud pública. A pesar de ese diagnóstico, ni Illa ni Simón se opusieron a que, solo tres días después, una multitud recorriera las calles de la capital para la manifestación feminista del 8-M, ni a que se desarrollaran otros actos masivos ese fin de semana, como partidos de fútbol y el congreso político de Vox en el Palacio de Vistalegre.

La reunión del 5 de marzo está en el foco de las diligencias policiales que ha ordenado el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, tras admitir a trámite la querella de un particular contra el Gobierno por haber autorizado, en esos primeros días de marzo, en medio de la mayor crisis sanitaria que se haya producido en un siglo, más de medio centenar de protestas, concentraciones y otros actos con miles de participantes. La instructora del caso, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, imputa por lo pronto un delito de prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el socialista José Manuel Franco. Pero el ámbito de las pesquisas es más amplio.

In a nationally televised press conference on Saturday, Spanish Prime Minister Pedro Sánchez was asked by CNN about the existence of a ranking by Johns Hopkins University on Covid-19 testing that he had boasted about previously.
In a press conference on April 28, Sánchez said the university's rankings showed Spain was fifth in the world in testing rates. But those international rankings appear not to exist.
(...)
On its coronavirus website, Johns Hopkins maps Covid-19 infections and deaths around the world and appears to only be tracking testing rates in the US. In April, CNN asked the Spanish Health Ministry to send a link or proof that the rankings existed. They did not reply.
(...)
CNN informed Sánchez during Saturday's press conference that Johns Hopkins was unable to locate such rankings and that the Health Ministry hadn't responded.

En el portal de contratación de la Comunidad de Madrid aparecen 117 contratos relacionados con la emergencia del Covid-19 por un valor de 51 millones de euros (ya adjudicados).
Ninguno de ellos tiene que ver con el material importado de China
"Material homologado, con todos los certificados, a buen precio", son los únicos detalles que dio hace días la presidenta. Su Gobierno no aclara cuándo publicará esa información

Esta entrega se inscribe en una nueva compra de diez millones de mascarillas financiada por el Ejecutivo comunitario con arreglo al Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente

La Comisión Europea ha anunciado este viernes el reparto de 1,5 millones de mascarillas para personal sanitario en 18 países europeos entre los que no está España porque no solicitó participar en esta iniciativa de compra conjunta de material necesario en la lucha contra el coronavirus, han indicado fuentes comunitarias.

Esta entrega se inscribe en una nueva compra de diez millones de mascarillas financiada por el Ejecutivo comunitario con arreglo al Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente, añade el comunicado.

El millón y medio de mascarillas se distribuirán entre el personal sanitario de Austria, Polonia, Malta, Chipre, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Francia, Italia, Croacia, Eslovenia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría, y también de Reino Unido aunque no sea Estado miembro.

España, sin embargo «no figura en la lista de países que señalaron su interés por participar» en esta compra conjunta, han explicado fuentes comunitarias a Europa Press, que apuntan que el país sí recibió material a través de «otros mecanismos» comunitarios.

En efecto, la semana pasada Bruselas anunció también el envío de mascarillas protectoras FFP2 a España -pero también a Italia y Croacia-, a través de ‘RescEU’, la reserva europea de material médico creada a raíz de la crisis del coronavirus para apoyar a los países más afectados por la pandemia.

La llamada Operación Gedeón pone en un brete al presidente interino, Juan Guaidó, y aumenta el riesgo de más represión

Ni el peor de los guionistas hubiera imaginado una trama tan condenada al fracaso. La Operación Gedeón (guerrero, en hebreo) es tan rocambolesca que solo puede ser fruto de la desesperación en la que está inmersa parte de la oposición venezolana que no ve otra manera de desembarazarse de Nicolás Maduro que recurrir a mercenarios de tercera y militares desnortados. Venezuela, tan cerca de los recursos naturales, y tan lejos del buen gobierno.

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia del Covid-19 comenzó ayer su andadura con una sesión constitutiva en la que los cinco miembros de la mesa fueron escogidos con poco consenso. PSOE y Unidas Podemos se aseguraron tres de esos puestos, con Patxi López como presidente. Enrique Santiago, secretario general del PCE, seré el vicepresidente primero.

Santiago fue representante de la guerrilla de las FARC en las conversaciones de La Habana que llevaron a la firma del acuerdo de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con esa guerrilla. Con gran eficacia consiguió que el narcotráfico realizado por las FARC no fuera considerado un crimen sino una forma de financiación de una lucha política.

En Twitter Santiago defiende al régimen de Maduro via @GuajeSalvaje en un vídeo de Diario.es

La Ley General de Salud Pública, en su artículo 11, sostiene que se ha de conocer «la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública»

En el artículo 11 se indica que «será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente»

Ley General de Salud Pública. Ley 33/2011, de 4 de octubre, BOE del 05/10/2011
Art. 11. Colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias.

Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo.

A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.

Se desarrollarán reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública.

Esto es tremendo.

María Jesús Montero dejando caer que se debería plantear una moción de censura contra Ayuso.

Los que decían que “ahora no es el momento de asumir responsabilidades” y que pedían unidad y lealtad.

Y eso que son ellos los responsables.

(...)
Es por eso que la Dirección de Diariocrítico se retracta públicamente de las manifestaciones vertidas sobre Macarena Olona en la noticia titulada "Macarena Olona (Vox) presume de un currículum inflado como especialista anticorrupción", por no ser en absoluto ciertas y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes, sino citando sólo a la original, la 'SER', la primera en ofrecer esta noticia.

Queda aclarado, por tanto, que es falso que Olona llevara un solo caso y que lo perdiera, como aseguró la 'SER' y recogimos en Diariocrítico, también que llevara el caso de la lonja pesquera del puerto de Pasajes en Guipúzcoa o que actuase como testigo en la instrucción del caso Mercasa. Tampoco infló su currículum, como se aseguraba en nuestro titular, en referencia a su intervención parlamentaria del 29 de abril.

El Gobierno aprueba una prestación de paro especial para los artistas y eleva el volumen de subvenciones y ventajas fiscales

Sin embargo, este descontento general contrasta con el especial mimo que, una vez más, recibe un sector muy particular, el de la "cultura". Pese a su escaso peso económico, con apenas el 2,4% del PIB, unos 690.000 empleos (3,6% del total en 2018) y 122.000 empresas (3,7%), suele recibir una especial atención por parte del poder público. Y esta vez no es diferente.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado miércoles un real decreto que establece nuevas "medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la covid-2019". Tal y como recoge la Fundación Ciudadana Civio, las principales medidas son las siguientes:

 
Paro especial para artistas
El Gobierno aprueba una prestación de paro extraordinaria para los trabajadores que estén incluidos en el Régimen General de Artistas, aunque excluye a algunos técnicos. De este modo, podrán recibir un subsidio los que, habiendo trabajado al menos 20 días el año anterior, hayan cobrado un mínimo de dos veces el Salario Mínimo Profesional (SMI) o bien no puedan continuar realizando su actividad a causa de la crisis y no tengan derecho al paro ordinario. El cobro de la prestación, de unos 776 euros al mes, durará entre 4 y 6 meses.

Avales
El Gobierno también concede una línea específica de avales públicos para facilitar préstamos al sector cultural por un total de 780 millones de euros.

Subvenciones
Asimismo, reparte ayudas especiales para las artes escénicas y la música por valor de 23,7 millones, otros 13,3 millones a salas de cine, unos 4 millones para librerías y 1 millón al arte. Además, la norma concede apoyos de hasta 50.000 euros a los contratos artísticos firmados por las administraciones públicas cuya celebración se haya aplazado o cancelado, mientras que las actividades subvencionadas que no se hayan celebrado podrán cobrar los gastos que hayan tenido que asumir por la crisis del coronavirus.

Ayudas especiales al cine
Por otro lado, el decreto relaja las condiciones para el cobro de subvenciones destinadas al cine, pudiendo incluso recibir el 50% de la ayuda sin haber iniciado el rodaje.

Ventajas fiscales
Por último, las inversiones en producciones de relevancia cultural se podrán deducir en el Impuesto de Sociedades hasta el 30% del primer millón y hasta el 25% del resto de la contribución. Igualmente, se amplía el porcentaje de deducción en la declaración de la renta de las donaciones y el mecenazgo de fundaciones, asociaciones de utilidad pública, ONG, federaciones deportivas, entidades públicas, universidades, institutos culturales y organismos públicos de investigación.

Ver BOE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que ha exportado equipos de protección frente al coronavirus a Cuba y a otros cinco países más, tal y como ha admitido por escrito a una pregunta de VOX. En el caso de Cuba el envío ha sido de un total de 41.738 unidades, el 80% guantes. Y todo ello en pleno desabastecimiento de EPIs en España.

Los diputados Alberto Asarta, Emilio Jesús del Valle; Carlos Hugo Roca, Antonio Salvá y Víctor González, todos ellos de Vox, preguntaron al Gobierno por las exportaciones de material de protección frente al coronavirus. Y el Gobierno ha admitido que, efectivamente, se han realizado exportaciones de EPIs pese a la enorme carestía en España de estos productos de protección frente a la pandemia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez afirma en su contestación por escrito que “la Unión Europea no tiene intención de restringir las exportaciones más de lo estrictamente necesario y desea defender el principio de solidaridad internacional en esta situación de pandemia mundial. Esta es la razón por la que los Estados miembros pueden y deben conceder licencias de exportación teniendo en cuenta los casos enumerados en el propio Reglamento, así como los compromisos internacionales, la evolución de las necesidades urgentes dentro y fuera de la UE, y la integración de la producción en las cadenas de valor en países terceros”.

(...)

Con ese argumento “en el marco del Reglamento 402/2020, el Gobierno ha autorizado hasta la fecha 13 operaciones de exportación dirigidas a seis países o territorios de los incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento: Gibraltar, Argelia, Cuba, Perú, Guinea Ecuatorial y Marruecos.

El responsable de Emergencias asegura que no saben aún a qué se debe el aumento de fallecidos de marzo y abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2019

Vídeo de F. Simón explicando que el exceso de muertes pueden ser debidas a cualquier cosa y que "en un futuro" se verá si se pueden achacar al COVIL 19 o no.

NOTA: Titular claramente tendencioso.

EL PAÍS inicia hoy una serie de relatos multimedia sobre las historias personales que se esconden tras las cifras. Como la de Edwin, Rosmary y sus hijos, que por primera vez se han visto obligados a recurrir a una ONG.

El artículo, siguiendo el relato oficial del Gobierno Sánchez y en contra de la posición de la UE y de la mayoría de países, considera a Guaidó "líder de la oposición" y a Maduro como legítimo presidente.

Explica unas supuestas intervenciones marítimas en Venezuela con dos "exmilitares" norteamericanos involucrados y da por buenas las pruebas difundidas por el gobierno de Maduro.

Versión de EL MUNDO de la misma noticia

El segundo encargo al Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo se cerró el 30 de marzo y aún no ha salido de China la mercancía / El primer lote llegó a Madrid este lunes y lo está verificando el Instituto Carlos III

Los lotes tienen sus licencias "en trámite".

La carta dirigida a Iglesias fue difundida este miércoles por la Vicepresidencia del Gobierno, que ha aclarado que "no tenía el dato de que había llegado a más gente" en el momento de distribuirla.

La organización no gubernamental Mensajeros de la Paz, y su fundador y presidente, el padre Ángel, han aclarado que la carta enviada al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la que le agradece su trabajo y esfuerzo durante la crisis del coronavirus, se la han mandado también a otras 300 personas, entre ellas a los responsables de todos los partidos políticos.

Así lo ha señalado la ONG este miércoles en un comunicado en el que detalla que se trata de una carta tipo dirigida a más de 300 personas de España de los más diversos ámbitos, entre los que figuran bomberos, sanitarios, líderes de la oposición, alcaldes, ministros, presidentes autonómicos y líderes de opinión.

El profesor Bing Liu "estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por coronavirus"

El pasado sábado, la policía de Elm Court (Pensilvania) encontró muerto a tiros al investigador y profesor de la Universidad de Pittsburgh Bing Liu en su casa. Liu estaba investigando los mecanismos del coronavirus y, según, Ivet Bahar, jefe del departamento de biología computacional y de sistemas en la Facultad de Medicina de Pittsburgh, "Bing estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2 y la base celular de sus complicaciones".

Los 'e-mails' contradicen a la Delegación, que dijo no haber recibido alertas antes del 14-M. La juez investiga si el delegado del Gobierno prevaricó al permitir la marcha

La Cámara Baja también convalida del Real Decreto para renovar el Consejo de Administración
ERC y PDeCAT votan a favor de la convalidación y los consejeros, mientras que Cs se ausenta
El PP acusa a Sánchez de "expropiar RTVE", se desmarca de la negociación y acudirá al TC
(...)
Los seis consejeros que han obtenido el respaldo de la Cámara Baja en el pleno extraordinario son: Tomás Fernando Flores, actual director de Radio 3 y candidato a la presidencia de la Corporación de RTVE; Rosa María Artal, experiodista de la casa y número dos de la lista de Podemos por Zaragoza en las generales de 2016; la periodista Cristina Fallarás; el director del periódico Deia, Juan José Baños Loinaz; la profesora de la Universidad Carlos III Concepción Cascajosa Virino; y el analista de medios Víctor Sampedro Blanco.

Explicación de la mala gestión del gobierno por parte de Rafael Matesanz,  fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes

El Gobierno de Madrid convocó ese mismo domingo en un instituto a cientos de aspirantes a entrar en su Administración horas después de avisar al Estado del riesgo del coronavirus

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reunió en un colegio a casi 1.250 opositores al cuerpo de administrativos de la Comunidad de Madrid a las 10 de la mañana del domingo 8 de marzo pese a que el día anterior había enviado dos alertas desde la Dirección General de Salud Pública a la Delegación del Gobierno sobre el riesgo de concentración de personas "por la emergencia de salud pública causada por el coronavirus".

8 minutos que muestran claramente la imprevisión e inacción del gobierno

La Organización Mundial de la Salud recomendó evaluar el riesgo de las grandes reuniones de personas y autorizarlas solo cuando se aplicaran estrictas medidas de seguridad

Hongkong Travis Asia, registrada en mayo de 2019 con 1.172 euros de capital, ha vendido a Sanidad material por 245 millones de euros duplicando y triplicando precios de mercado.

Desde septiembre está controlada a través de World Trade Enterprises Consultancy, una agencia de sociedades «offshore» cliente de Mossack Fonseca.

Los controles de Sanidad sobre sus proveedores no parecen muy transparentes ni tampoco adecuados a los montantes facturados. ¿Fruto de las prisas o con intencionalidad?

Usuarios en redes sociales convocaron el sábado una marcha en coche para criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus luciendo la bandera de España en el vehículo.

La Delegación del Gobierno en Madrid la prohibió sin dar motivos, y no hubo respuesta al recurso presentado por los convocantes (Alvise Pérez).

La noticia ha sido desvelada a primera hora de esta mañana por el periodista de Libertad Digital experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez. La autoría de la denuncia no se ha dado a conocer, pero ha causado un gran revuelo entre todas las formaciones políticas con representación parlamentaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han sido denunciados junto al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Ingesa, Alfonso Jiménez, ante la Fiscalía Anticorrupción por malversar supuestamente más de 50 millones de euros durante la crisis de la covid-19.

La denuncia, de 24 páginas, presentada el pasado jueves en Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, sostiene que Pedro Sánchez, Salvador Illa y Alfonso Jiménez podrían haber cometido “presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales”, durante las compras a China de batas desechables, gel desinfectante y guantes.

“El decreto del Gobierno del pasado 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la pandemia de covid-19, abría la puerta a malgastar, sin ningún criterio lógico, el dinero público, ya que se concedía un crédito extraordinario de 1.000.000.000 de euros, al Ministerio de Sanidad, para contribuir a la financiación de los gastos extraordinarios por la pandemia del coronavirus”, afirma la denuncia.

Según el escrito, desde el 10 de marzo del presente año hasta el 17 de abril, el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa, Alfonso Jiménez Palació, contrató por Procedimiento de Emergencia hasta un total de 41 contratos. “Haciendo uso de una total opacidad incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de Transparencia a los ciudadanos”, señala.

“Detrás del incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Ministerio de Sanidad”, añade, “ocultando los datos de todos los contratos, estaba su ministro, Salvador Illa, jefe directo del director del INGESA. Las actuaciones presuntamente delictivas de las dos personas anteriormente citadas, principalmente en forma de un sobrecoste escandaloso de los contratos que adjudicaron a empresas radicadas en China, van a ser la norma general de actuación en la mayoría ellos. Sorprendentemente ninguna de ellas fue cesada por quien tenía la potestad de hacerlo, que no es otro que el presidente del gobierno del reino de España, Pedro Sánchez“.
Compras de batas, gel y guantes a China

Según el escrito, “mientras las empresas españolas venden al Ingesa las batas sanitarias, ya sean impermeables o desechables, en precios que oscilan entre los 0,27 y 1,86 euros; las empresas chinas nos las venden entre 15,58 y 22,07 euros. Lo anterior nos obliga a preguntarnos quienes son los intermediarios españoles en la operación y a donde va todo el dinero malgastado, con incrementos entre precios españoles y precios chinos que pueden alcanzar hasta el 8.174 %. Suponiendo el precio unitario de 1 euros el coste de cada bata china, en consonancia con los precios españoles,la malversación podría alcanzar el importe de los 47 millones de euros”.

La denuncia apunta que “no se entiende demasiado que una solución desinfectante, que hasta casi todos somos capaces de fabricarla en nuestra propia casa, el Ministerio de Sanidad haya optado por comprarla en China incrementando su precio en un 354%. Si hubiera tenido el precio español el gel desinfectante adquirido en China, el Ministerio de Sanidad se hubiera ahorrado más de 730.000 euros. Cantidad que es la malversación estimada producida”.

Por último, el escrito señala que “los guantes adquiridos en China son un 277% más caro que los de la empresa Medline International Iberia, un 211,76 % que los de Suministros Hospitalarios y un 244,10 % que los de Sanicen. La malversación estimada, si tomamos como referencia la media aritmética de las tres empresas españolas, cuyo valor es 0,0361 euros, sería más de 3,6 millones de euros”.

“La opacidad del Gobierno es insultante”

La denuncia presentada ante el Ministerio Público afirma rotundamente que “parece muy evidente que los contratos realizados por el Ingesa fueron ocultados por el Gobierno de la nación con objeto de que no se conocieran los proveedores adjudicatarios de los mismos. Solo tras la presión mediática, día a día, solicitando el nombre de las empresas beneficiarias, doblegó la resistencia del gobierno que dispuso, a su pesar, la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. En todo caso se ha ocultado el nombre de los intermediarios españoles que han contratado en China para el Ingesa”.

“La información que se nos ha aportado”, añade, “es muy deficiente, limitada y escasa. A cuentagotas. Un contrato de 50 millones de euros, entre una empresa china y el Ingesa, no puede limitarse a cuatro páginas de las que tres de ellas son las mismas y se repiten en todos los contratos. La opacidad es insultante, haciéndose desde la soberbia de quien la practica, como quien controla todos los resortes y no le preocupa cualquier acción penal o mediática que pudiera ir contra el infractor o delincuente”.

“Hemos valorado la malversación producida en más de 50 millones de euros, debiéndose tener en cuenta que se ha limitado el estudio a tres productos: batas desechables, gel desinfectante y guantes de nitrilo. Nos preguntamos entonces ¿cuál es la malversación en el resto de los contratos? ¿cuál es el total que se alcanza? Nos consta que también existen irregularidades en los contratos del suministro de monos desechables y de los hisopos, pero por no haberse completado su análisis, no es expuesta la información aquí. Todo sin hablar de los 640.000 test defectuosos que adquirió el gobierno en un contrato que superó los 500 millones de euros“, concluye el escrito.

Habría que decirle a @Teresaribera que Grecia está al este y lo ha hecho mejor que nosotros. Aunque quizá se marearía.

P. Por qué Portugal, un país perfectamente equiparable al nuestro, tiene unos datos tan buenos?

R. Portugal paró antes. Venía del este y ellos están un poco más al oeste, y entonces pudieron parar un poco antes. Allí ha habido un comportamiento por parte del conjunto de la sociedad y por parte de las fuerzas políticas mucho más compacto, de ayudarse.

1-mascarillas y desinfectantes
2-tests para diferenciar portadores contagiosos pero asintomáticos
3-tecnología para rastreo de casos

Me ahorro comentarios.

(Vídeo de BBC vía Twitter de la entrevista en inglés)

Sanidad adjudica por 4.300.000€ un contrato de venta de 1 millón de hisopos (bastoncillos) a empresas "opacas" como MJ Steps, sin localización conocida.
Así lo han publicado en el BOE. Venden a 4'3 la unidad y en el mercado están aproximadamente a 0'70€. Empresa inactiva.

En este BOE del 30 de abril de 2020 (pág 17470) se puede ver cómo se desconoce la localidad y la dirección. El CIF ni aparece.

Bueno, pues ahí va otro hilito sobre cómo la izquierda intenta, sin éxito, manchar la imagen de  @IDiazAyuso, ahora mismo la política que más les incomoda por sus éxitos en la gestión (hilo)

Todo empezaba esta mañana cuando la izquierda radical intentaba 'colar' que Ayuso había sido abucheada en su acto de clausura de IFEMA

Los vídeos tuiteados por Echenique y Errejón omitían, intencionadamente claro, las secuencias siguientes, en las que los sanitarios coreaban "queremos nuestros tests" mientras se hacían fotos con Ayuso. ¡Extraña forma de protestar!

Ante la revelación de la segunda mitad del vídeo, los tuiteros de izquierdas inmediatamente argumentaron que los gritos sobre los test iban para Ayuso, "olvidando" q el decreto de Edo. Alarma asignaba la competencia única sobre compra de material sanitario al Ministro de Sanidad

También se criticaron "los aviones perdidos", olvidando de nuevo que la Comunidad de Madrid ha conseguido durante este mes y medio al menos cinco aviones de material sanitario, mientras el gobierno seguía comprando test falsos.

Y, finalmente, como no quedaban argumentos, el PSOE ha criticado que Ayuso invitara a mucha gente al acto. "...incluyendo a parlamentarios de todos los grupos..." (sic)

¡Qué escándalo, encima no es sectaria como nosotros"

Ayuso es tremendamente incómoda para la izquierda porque ha liderado la gestión más eficaz contra la pandemia. Los chinos asombraron construyendo un hospital para 1.000 personas en semana y media, pero IFEMA superó esa cifra en 10 días

Fue la decisión de Ayuso de cerrar los colegios el día 11 de marzo, anunciada el día 9, la que obligó al Gobierno a mover ficha, cuando hasta el día antes, 8-M, seguía defendiendo que sólo era una gripe.

Y, sobre todo, lo que no se le perdona a Ayuso es haber honrado a las víctimas como merece, dejando aún más en evidencia a Pedro Sánchez y su torpe y vergonzoso error de eludir el luto. Miles de personas se sintieron representadas en estas lágrimas.

Finalmente, Ayuso es mujer. Como Arrimadas o Alvarez de Toledo, con liderazgo y voz propia. Quizás las políticas más cerca de llegar a la presidencia del Gobierno. Y eso la izquierda no lo puede soportar, porque "el feminismo no es de todas, bonita"

Añadido: Lo que decía. Van a por Ayuso por tierra, mar y aire. El Gobierno necesita empañar el éxito de IFEMA como sea

Y, al final, ¡oh sorpresa! la culpa era de Podemos, que había intentado reventar el acto metiendo unos cuantos figurantes de su cuerda...

¡Qué raro! ¿no? ¿Los de Podemos intentando hacer un escrache? No me encaja... Cara con lágrimas de alegría

A @quiquepeinado le cuesta creer que Podemos sea capaz de meter figurantes en un evento para reventarlo

No ve ningún indicio en que Echenique o Errejón tuitearan las "protestas" a primera hora de la mañana

Puede que sea ingenuo, idiota o un simple hijueputa

Y no es casualidad que el bombardeo sobre Ayuso arrecie sobre IFEMA, porque lo tiene todo:

- Éxito de gestión
- Elogiado internacionalmente
- En marcha cuando el Gobierno aun daba tumbos
- Miles de personas agradecidas
- Colaboración público-privada
- Y SÁNCHEZ NO HA IDO

«Pedimos prórroga del estado de alarma cada 15 días porque queremos rendir cuentas» «Sin ello no serán posibles las ayudas»

Sociópata @SanchezCastejon

1. Lo pides cada 15 días porque así lo establece la LO 4/1981.

2. Las ayudas no tienen NADA que ver con el Estado de Alarma.

No sé si han visto ustedes la última tabla oficial publicada en el Süddeutsche Zeitung: España no figura, y al pie pone: “Spanien, Daten unplausibel” (no creo que necesite traducción)

Nota: también aparecen los de China, aunque no lo son.

@ElentirVigo defiende que el gobierno ha impuesto una privación de libertad a toda la población que rebasa las capacidades de un estado de alarma:

La Constitución no permite suspender la libertad de circulación en un estado de alarma

El Artículo 19 de la Constitución Española señala que los españoles “tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”. Se trata de uno de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna. El Artículo 55 de la Constitución es muy claro: el Artículo 19 sólo puede ser suspendido “cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio”. No basta con un estado de alarma. La citada Ley Orgánica 4/1981 señala en su Artículo 13 que para la declaración del estado de excepción habría hecho falta la autorización previa del Congreso de los Diputados, determinando los efectos de dicho estado, “con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el apartado uno del artículo cincuenta y cinco de la Constitución”.

Y alude a una sentencia del Tribunal Constitucional, y a que se está usando una simple orden ministerial para limitar lo que regula una ley orgánica.

Diario.es tituló:
"Andalucía y Madrid retiran mascarillas defectuosas adquiridas por sus gobiernos autonómicos y usadas por sanitarios".
Más tarde rectificó con el titular arriba indicado.

Tiene el detalle de poner el pie de la noticia:

"En una primera versión de esta información se afirmaba de manera errónea que las mascarillas defectuosas retiradas en Madrid habían sido adquiridas por el Gobierno regional"

¿Puede concluirse que la intención de la noticia era simplemente atacar políticamente a los gobiernos regionales de Andalucía y Madrid, ambos del PP?

Para que vean cómo funciona:

a) Sanidad se felicita por la tabla de la OCDE
b) En la tabla de la OCDE aparecen dos fuentes: OurWorldInData + Moncloa
c) En OurWorldInData las fuentes son…Sanidad y una cita de…el Ministro Illa

Sanidad felicita a Sanidad y a su ministro.

(...)
No habrá bajada de sueldos de los funcionarios

Pese a las terribles cifras que ha anunciado Montero, la ministra ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se plantea que se tengan que realizar "ajustes en el sector público", como hicieron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy durante la crisis financiera con la bajada de sueldos de los funcionarios. Entonces, Rodríguez Zapatero redujo en un 5% la nómina de los funcionarios en 2010 mientras que con Rajoy los funcionarios y empleados públicos sufrieron un recorte salarial del 7%, ya que no cobraron la paga extra de Navidad en 2012 y la congelación de sueldos hasta 2014. 

(...)

...pero han negado que se vaya a dar "una masiva subida de impuestos".

BULO de  @eldiarioes
"El Gobierno descarta una rebaja del sueldo de los funcionarios por la subida del déficit y la deuda pública como hizo Mariano Rajoy...".

FALSO: La noticia desmiente el titular. La primera y única reducción de sueldo de funcionarios fue con Zapatero.

Referencia: noticia de El País de 13 de mayo de 2010 sobre la primera rebaja salarial de la democracia con una bajada del 5%.

Referencia: noticia no identificada sobre la devolución de Rajoy a los empleados públicos, que vieron cómo en 2016 se les aplicaba por fin una subida del 1% tras 5 años consecutivos de congelaciones desde la bajada aprobada por los socialistas en 2010.

La agencia estatal hace alusión a las críticas de Motos en el Hormiguero para inmediatamente después señalar como "hecho noticioso" que: 

"...en esta ocasión Pablo salió de su domicilio con el rostro muy serio y sin tomar ninguna medida de prevención como la mascarilla o los guantes".

Parece un intento de desprestigiar al presentador por algo tan nimio como no llevar guantes o mascarilla cuando va a trabajar, puesto que nada de eso es obligatorio en su caso.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirma el asesinato por violencia de género de una mujer de 48 años, asesinada presuntamente por su pareja en Corbera de Llobregat. Y hace el habitual recuento de muertes.

¿Puede confirmarse un asesinato que no está demostrado?

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón autoriza una manifestación y advierte de que "solo cabe la suspensión de derechos en un estado de excepción"

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha autorizado la celebración de una manifestación convocada para este viernes 1 de mayo convocada por la Intersindical de Aragón. Anula así la prohibición de la misma que había dictado la subdelegación de Aragón. En la resolución recogida por Vozpópuli los jueces dicen que solo cabe la suspensión de derechos en un estado de excepción y advierten de la "cuestionable constitucionalidad" del artículo 7 del decreto del estado de alarma que regula la limitación de la libertad de circulación de las personas.

No podemos reducir todo el problema a tests. No voy a entrar en una polémica de alguien que no entiende del tema. Yo puedo hacerme hoy un test, con una fiabilidad x, y mañana ser contagiado. Quiero decir que tampoco me asegura eso ninguna inmunidad o que no me vuelva a ocurrir. También depende de la necesidad personal. Si uno se quiere revisar todos los días, con un test, pues lo puede hacer, pero no te previene de nada. Te dice en ese momento cómo estás. Pero el test no te salva. Te salva cuando entras al hospital. Incluso los que lo han pasado, pues lo han pasado, incluso sin darse cuenta. El test tampoco les hubiera resuelto nada.

La patronal de compañías biotecnológicas crea un grupo para dar "una respuesta coordinada" al Gobierno sobre los test

Las empresas españolas de biotecnología han dicho basta. Hoy por hoy, tienen capacidad para hacer 745.500 test de coronavirus a la semana, y podrían hacer el doble si el Gobierno atendiese sus demandas. O sea, si se comprometiese a comprárselos para hacer pruebas masivas a la población en pos de la desescalada, como ha prometido.

"Se podría triplicar el número de test que se hacen en España; nuestras empresas podrían tener capacidad para 1,5 millones de pruebas por semana, pero no nos los piden". Así lo asegura a EL MUNDO Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio).

Ante lo que considera una falta de interés del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la patronal de compañías biotecnológicas ha coordinado a un grupo de empresas españolas de desarrollo y producción de soluciones de diagnóstico "para dar una respuesta conjunta y coordinada a las dificultades manifestadas por el Gobierno" a la hora de adquirir "material de test de detección masivos a la población".

"El ultranacionalismo español se sirve de distintas tácticas, más allá de la difusión de bulos, para promover su agenda política".

El País comenta el libro Juego de Bulos de Jon Roozenbeek y Sander van der Linden y lo aplica a lo que llama la narrativa de la "ultraderecha".

El Alto Tribunal dio a la vicepresidenta Carmen Calvo, que firmó el decreto ministerial, un plazo de cinco días para entregar el expediente administrativo que justificó el confinamiento de todos los españoles

El Supremo exige a Sánchez los informes de los expertos con los que justificó el estado de alarma

Todo el rigor observado con los ritos católicos se ha convertido en comprensión y permisividad con los ritos del Islam y el Ramadán. Y ahora ya por orden directa del Ministerio del Interior: los documentos que hoy muestra OKDIARIO desvelan que las escenas vividas estos días no responden a la pasividad de agentes aislados. En absoluto. Un documento policial indica a los agentes cómo actuar frente a los rezos musulmanes y recoge la siguiente indicación: “Los actuantes valorarán la conveniencia de que finalice el rezo en aras a evitar posibles desórdenes”.

"Hace 34 años, un Gobierno socialista puso en marcha el sistema público de salud. Hoy, gracias a eso, podemos hacer frente a la mayor pandemia que el mundo ha sufrido en el último siglo. Gracias, Ernest."

Twitter España se propone eliminar:
Contenido que niegue las recomendaciones de las autoridades sanitarias globales o locales...
(cuando las unas desmienten a las otras, no aclara qué hará)
...para disminuir la probabilidad de que alguien se exponga al COVID-19 con la intención de influir en las personas para que actúen en contra de la orientación recomendada, como: “el distanciamiento social no es efectivo”, o alentar activamente a las personas a no distanciarse socialmente en áreas que se sabe que han sido afectadas por el COVID-19, cuando dichas medidas han sido recomendadas por las autoridades competentes.

Además:

1. Descripción de tratamientos o medidas de protección que no son inmediatamente dañinas pero que se sabe que son ineficaces, no son aplicables al contexto del COVID-19, o se comparten con la intención de engañar a otros, incluso si se hacen en broma, como “el Coronavirus no es resistente al calor - caminar al aire libre es suficiente para que te desinfectes” o “usar aromaterapia y aceites esenciales para prevenir el COVID-19”.
   
   
2. Descripción de tratamientos nocivos o medidas de protección que se sabe que son ineficaces, no son aplicables al COVID-19, o se comparten fuera de contexto para engañar a las personas, incluso si se hacen en broma, como “beber lejía e ingerir plata coloidal cura el COVID-19”.
   
   
3. Negación de datos científicos sobre el contagio durante el periodo de incubación o la guía de contagio de las autoridades sanitarias globales y locales, como “el COVID-19 no infecta a los niños porque no hemos visto ningún caso de niños enfermos”.
   
   
4. Llamamientos específicos en torno a la información del COVID-19 que pretenda manipular a las personas para que tengan un comportamiento determinado en beneficio de un tercero con una llamada a la acción dentro de la reclamación, como “el Coronavirus es un fraude y no es real - ¡sal y visita tu bar local!” o “ignora las noticias sobre el COVID-19, es solo un intento por destruir el capitalismo derrumbando el mercado de valores”. 
   
   
5. Afirmaciones específicas y no verificadas que inciten a las personas a la acción y causen pánico generalizado, malestar social o desorden a gran escala, tales como “la Guardia Civil o Policía Nacional acaba de anunciar que no llegarán más envíos de alimentos durante 2 meses - dirígete a la tienda lo antes posible y ¡compra todo!
   
   
6. Reclamaciones específicas y no verificadas hechas por personas que se hacen pasar por un funcionario u organización de salud o del gobierno, como una cuenta de parodia de un funcionario de salud que indique que la cuarentena del país ha terminado.
   
   
7. Propagar información falsa o engañosa sobre los criterios o procedimientos de diagnóstico de COVID-19, como "si puedes contener la respiración durante 10 segundos, no tienes Coronavirus".
   
   
8. Afirmaciones falsas o engañosas sobre cómo diferenciar entre el COVID-19 y una enfermedad diferente, y si esa información intenta diagnosticar definitivamente a alguien, como “si tienes tos productiva, no es Coronavirus - pero una tos seca sí podría serlo” o “sentirás que te estás ahogando en mocos si tienes Coronavirus - no es una secreción nasal normal”.
   
   
9. Afirmar que grupos específicos o nacionalidades no son susceptibles al COVID-19, como “las personas con piel oscura son inmunes al COVID-19 debido a la producción de melanina” o “leer el Corán hará que un individuo sea inmune al COVID-19”.
   
   
10. Afirmar que grupos específicos o ciertas nacionalidades son más susceptibles al COVID-19, como “evita las empresas propiedad de los chinos, ya que es más probable que ellos tengan COVID-19”.

• Establecer un sistema global de clasificación por gravedad de contenido, por lo que estamos priorizando las posibles violaciones de nuestras reglas que presentan el mayor riesgo de daño y reduciendo la carga de las personas para denunciarlos.
  
  
• Ejecutando controles diarios de garantía de calidad en nuestros procesos de aplicación de contenido para garantizar que somos ágiles en responder a este problema global en rápida evolución.
  
  
• Revisando las Reglas de Twitter en el contexto del COVID-19 y considerando formas en las que pueden necesitar evolucionar para atender nuevos comportamientos de las cuentas. 

Más info en su blog

El Gobierno ha otorgado 116 millones de euros repartidos en tres contratos a Hangzhou Ruining Trading, la compañía china que vendió a Sanidad 2,1 millones de mascarillas de la marca Garry Galaxy, que después se distribuyeron entre sanitarios de toda España y de las que se retiraron varias partidas defectuosas.

El reparto de pruebas rápidas ha abierto otra brecha entre los dos socios de gobierno de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos se desentiende del escasísimo reparto de pruebas rápidas: "esa estrategia la marca la Consejería de Sanidad"

La Consejería de Sanidad ofrece otros datos que no coinciden con los que anunció el portavoz del gobierno madrileño: "de los 206.000 del Ministerio de Sanidad, hemos repartido más de 23.000 en residencias", dice un portavoz

El Gobierno madrileño no aclara qué ha pasado con las 100.000 pruebas rápidas que compró la Consejería de Sanidad

Enlace a la
Sentencia

El Consejo de Ministros toma razón este martes de los encargos que Sanidad ha hecho a FCS Select Products SL: 508 millones de mascarillas, 10 millones de guantes y 150.000 gafas / El Ejecutivo sigue sin desvelar a qué proveedores ha contratado

La polémica en torno a las declaraciones del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago de "minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno".

Según cuenta el diario El País, la partida solicitada por el Gobierno para sustituir los 640.000 test defectuosos no detectan los contagios.

El Consistorio inicia una investigación tras conocer que los símbolos se descendieron el pasado sábado, un día después de que el alcalde se negase a seguir el luto decretado por la Junta de Castilla y León

El Ministerio de Sanidad firmó un contrato de 17,1 millones de euros con la empresa Inter Pharma para la adquisición del célebre lote de test fallidos para detectar el coronavirus, fabricados por la empresa china Bioeasy Biotechnology. EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva a la documentación oficial, que revela al fin lo que costaron los casi 700.000 test inservibles para detectar de forma rápida el coronavirus. En esta documentación queda reflejada la exigencia de devolución por parte del Ejecutivo de 6.988.035 euros que ya había abonado.

(...)
Para la fase de desescalada, Illa ha establecido que habrá cuatro criterios que determinarán cómo y cuándo se pone en marcha y se desarrolla. El primero, la protección de la salud pública, que obliga, ha dicho, a actuar con "suma cautela y prudencia" para proteger a los ciudadanos. El segundo es basar las decisiones que se tomen en la "evidencia científica". Es la que "va a guiar" al Gobierno. El tercer criterio será el "respeto" a los derechos humanos y libertades y, el cuarto, intentar anticipar escenarios de futuro para lo que pueda suceder.

Parece haber diferencias en la evidencia científica según el país europeo que tomemos.

En concreto, el Institute of Certified Management Accountants de Australia encargó un estudio de investigación con el fin de evaluar la respuesta mostrada por los diferentes gobiernos ante esta crisis, desarrollando un índice de Respuesta Global a Enfermedades Infecciosas (GRID, en sus siglas en inglés).

Dicho índice puntúa la capacidad de liderazgo de cada país para enfrentar la pandemia, así como el grado de preparación de su sistema de salud. Pues bien, España ocupa el último lugar del total de 32 países que componen el ranking.

Les da la posibilidad de cambiar del sistema de tributación objetiva (por módulos) a un sistema de tributación directa, que tenga en cuenta sus ingresos reales para calcular los impuestos que deben pagar

Son una mafia.
Son peligrosos.
Son poderosos.

Y, aún con todo, jamás serán más fuertes que la verdad.

Es hora de que el pueblo español conozca quiénes controlan la información que consumen.

#GobiernoGranHermano

Con más de 15.000 muertos oficiales a fecha en que escribo y las incapacidades, bandazos y mentiras a conveniencia del Gobierno, en una gestión nefasta y una actuación previa negligente, saliendo al descubierto, casi nadie duda de que este ejecutivo desoyó las sucesivas llamadas de alarma de la OMS y lo hizo todo por salvar las marchas políticas del 8-M, por puro interés ideológico y partidista.

Pero en el “casi” está el matiz. En ese “casi” habitan los seres que se mantienen firmes, botes contra la corriente, resistiendo de forma numantina frente a cualquier evidencia empírica.

Refugiados en el desesperante silencio de los borregos o capaces de dar la cara por una coalición que se ha demostrado pertrechada para encajar el mayor ratio de muertos sin hacer autocrítica. (...)

Las denuncias en juzgados también descienden, pero aumentan las consultas al 016 / Los expertos achacan la bajada de los homicidios a la dificultad de quebrantar alejamientos y el mayor control del maltratador hacia la víctima.

¿Se ha suspendido el Patriarcado durante el confinamiento?

Los grandes del sector, agrupados en Exceltur, ya dan por perdido el verano y un 60% del negocio de este ejercicio. La prolongación hasta diciembre acabaría con el 80% de la actividad

La Policía Nacional negoció la compra de 100.000 mascarillas a una empresa administrada por un abogado que fue indultado por Rodríguez Zapatero a finales de 2007 y que hoy está imputado en una causa que instruye un juez de la Audiencia Nacional

Aunque "lapsus" se refiere a un error puntual, el mando de la Guardia Civil estaba leyendo el comunicado durante la comparecencia diaria en Moncloa, en el que decía:
"Estamos trabajando para minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".
Las rrss se incendian ante lo que parece un control informativo que se salta los derechos fundamentales y constitucionales.

El artículo habla del duro confinamiento en España, donde no se deja salir a hacer deporte ni pasear a los niños.

Curiosamente pone de ejemplo de familia española a una musulmana de inmigrantes.

Las medidas de confinamiento más estrictas en Europa han dejado a innumerables niños aburridos, agotados y a veces deprimidos.

El pié de foto: Mafus Rohman y su esposa, Samina, viven en un apartamento de dos dormitorios en Barcelona con una prima y sus dos gemelas, Misha y Maliha. Samuel Aranda para el The New York Times

Parece que el autor Samuel Aranda no ha encontrado una foto que represente mejor a una familia española: Mafus, Samina, Misha y Malisha.

El colectivo musulmán de El Vendrell sale a la calle en pleno confinamiento y estado de alarma para realizar "La adhan" (llamada a la oración) que se usa en el Islam para convocar a los fieles a la oración obligatoria (Salat)
AFN Press

Contrasta con el cierre de misas por parte de la Policía de otros días en Granada, estando las reuniones de culto permitidas en el decreto del gobierno.

Las comunidades ya admiten casi 9.000 muertos más de los que reconoce Sanidad.  Cataluña, Madrid, Castilla y León y Navarra (es decir, las que no están gobernadas por el PSOE) recogen los fallecidos en residencias y domicilios con síntomas de Covid-19

ss

Para demostrar las frecuentes violaciones de las normas de la IFCN se pueden reportar con pruebas en esta dirección

Sin comentarios

El Gobierno cierra el Portal de Transparencia con la excusa del coronavirus. Coincide con los días en que licitó las compras de material fallido.

Según un informe de Fedea hubo una falta de previsión por parte del Gobierno español, que no logró anticiparse al desarrollo real de la epidemia

El Gobierno de Taiwán había advertido al organismo dirigido por Tedros Adhanom Ghebreyesus que un virus desconocido provocaba una neumonía atípica. La institución había asegurado que la carta nunca existió, pero Taipei la hizo pública
(...)
En el aviso de prensa, el Gobierno de Taipei explicó: “Debido a su experiencia con la epidemia de SARS en 2003, Taiwán realizó un seguimiento atento de la información sobre el nuevo brote. El 31 de diciembre de 2019, Taiwán envió un correo electrónico al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informando a la OMS sobre su comprensión de la enfermedad y también solicitando más información de la OMS”.

La red social limita la difusión de contenidos para evitar la viralización de noticias falsas


En marzo de 2019 Facebook presentó su estrategia para frenar los bulos y puso sobre la mesa las organizaciones con las que ya trabaja en España en este sentido.

Desde Facebook explican que todas ellas están certificadas por la Red Internacional de Verificación de Datos (International Faxt-Checking Network). Un marchamo con el que en España cuentan la Agencia EFE, Maldita.es y Newtral. Facebook trabaja con las dos últimas en España, pero no con EFE, aunque sí con otra agencia de noticias, la francesa AFP (también cuenta con la certificación).

En este artículo de opinión del director del medio pueden observarse los sesgos más usuales de este medio y del periodista siempre en beneficio de partidos de izquierdas, sin importar la veracidad de las informaciones vertidas.

Podemos resumir la tesis del artículo en: el gobierno ha cometido muchos fallos, pero no vamos a tenérselo en cuenta, puesto que la oposición lo ha hecho mucho peor.

Los famosos ventiladores intervenidos por Turquía están diseñados para el transporte de pacientes críticos, no para la terapia ventilatoria en cuidados intensivos, advierten los anestesistas de Castilla-La Mancha. Subrayan que no pueden dar por válido lo que no lo es.
Los sanitarios anestesistas dicen poder aceptar y bregar con las situaciones dictadas por la necesidad y la impotencia, pero no con la maledicencia ni con la falsedad que les haga parecer incompetentes o condescendientes.

"La empresa de Maristany no tiene 116 sedes por el mundo sino una oficina con siete personas en Masnou que trabaja en logística textil. Tampoco representa a la organización de países APEC".

Los datos más relevantes de la noticia de EL PAIS están al final. El medio no niega la historia relatada en el vídeo del programa de Ana Rosa Quintana, pero aclara los términos que se utilizaron (partner, socio etc) para definir la relación entre Maristany y la APEC.

La conclusión es que Maristany se trata simplemente de un intermediario con cierta experiencia con el comercio con Asia y con contactos para conseguir los tests.

Hasta el momento no hay evidencias de que Sanidad recibiera o no la información.

Ivanero muestra  paso a paso con capturas de pantalla, cómo la noticia de Diario.es "PP y Vox: 107 iniciativas en el Pleno del Congreso entre enero y el 10 de marzo y ninguna sobre el coronavirus" contiene, por lo menos, una gran falsedad que afecta al propio titular. La realidad es que VOX hizo bastantes preguntas (dado que no había plenos) y formuló propuestas de ley sobre el Coronavirus, y algunas de ellas se comprobaron más tarde como necesarias y urgentes. Fueron ignoradas por el gobierno.

Ferreras, en Al Rojo Vivo, exigía la dimisión de la Ministra por un contagio del virus del Ébola y el sacrificio del perro Excálibur. Nótese la diferente vara de medir entre aquel caso, con un gobierno del PP, y éste del COVID con un gobierno del PSOE.

En esta entrevista no culpa al gobierno de haber tomado ninguna medida "equivocada" pero confirma que no contestaron a su ofrecimiento de tests rápidos durante tres semanas.

El Gobierno tenía un «contacto permanente» desde semanas antes del 8-M con el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, la agencia de la UE que, en un informe, pidió a las autoridades «evitar actos multitudinarios innecesarios» por el coronavirus. Ese dossier, fechado el 2 de marzo, instaba a los gobiernos a «valorar si es conveniente cancelar estos actos en casos excepcionales».

EL diario publica un gráfico en el que se señala con nombres y apellidos a tuiteros importantes (con muchos seguidores) y muy críticos con la gestión del gobierno. Implícitamente se les achaca pertenecer a una red de amplificadores.

¿Qué no debería repetir el Gobierno si volviésemos, por ejemplo, al 15 de febrero?
"Es que no tengo ninguna razón para arrepentirme de nada ni este Gobierno tiene ningún motivo para arrepentirse de nada. Este Gobierno ha seguido desde el primer momento los criterios médicos y científicos exclusivamente. En crisis sanitarias de esta entidad el criterio científico es prevalente. Ahí sí que no hay ninguna posibilidad de actuar en contrario. No hay nada de lo que arrepentirse."

En la información se puede ver el autor ECBRANDS, y en la foto "Powered by Junta de Andalucía". Las noticias pagadas son un recurso normalmente utilizado por las empresas para publicitarse fuera de los espacios publicitarios convencionales. La cuestión está en si las adminstraciones públicas deberían gastar en autobombo y en si ese dinero es en realidad un pago a medios afines.

@pasandoeldia1

Decidieron ejercer de periodistas ciudadanos en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus que llevó a su ciudad, Wuhan, a ser puesta en cuarentena; pero ahora nadie sabe dónde están.

Decían que querían mostrar la verdad de lo que está sucediendo en el epicentro del brote de coronavirus en China. Publicaron videos en internet, compartieron fotos y testimonios dramáticos de aquella urbe de la que nadie puede entrar ni salir.

Hasta que, de repente, no se supo más de ellos.

Desde el jueves no se sabe nada de él y las autoridades dicen que está en cuarentena forzosa en un lugar que no han querido comunicar ni a su familia

Chen Qiushi, un abogado, defensor de los derechos humanos y periodista chino que había estado informando desde Wuhan des del 24 de enero, está desaparecido desde el pasado jueves, según dicen amigos y familiares, e informa The Washignton Post . Chen había publicado vídeos de pacientes enfermos en atiborrados vestíbulos de hospitales, que fueron compartidos en todo el mundo, junto con descripciones de la lucha desesperada por contener la enfermedad.

Aunque son mayoría entre los ocupados con educación superior, hay casi el doble que hombres en situación de subempleo.


La elevada presencia femenina en las universidades españolas, donde hay más alumnas que alumnos, está teniendo una desigual proyección en el mercado de trabajo. El número de trabajadoras que han cursado la enseñanza superior es claramente superior al de los hombres.

Pero muchas de ellas están subempleadas y son pocas todavía las que ocupan puestos de responsabilidad acordes con su formación.

Según datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) correspondientes al curso académico 2016-17, del total del alumnado universitario, un 55% eran mujeres y un 45% hombres. Ellas no sólo eran más, sino que también demostraban un mayor aprovechamiento en sus estudios, pues el 82% aprobaban todos los créditos en los que se matriculaban, frente al 72% de sus compañeros varones.

El Gobierno nombra a Sergio Antonio García Torres director general de Derechos de los Animales. Esta dirección general es una de las nueve Direcciones Generales creadas este martes por el Ejecutivo, junto con cinco Secretarias Generales con rango de Subsecretaría. Se encargará de "velar por el bienestar animal" y dependerá orgánicamente de la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030.

García Torres tiene un título en Artes Aplicadas a la Escritura y a la Escultura (La Palma) y Posicionamiento y Manejo de Redes Sociales (título expedido por CCOO), que vendría a ser usuario de RRSS.

También parece que ha sido "responsable de relaciones institucionales de ONG" (no aclara cuál), ha sido responsable de campañas de organizaciones políticas (tampoco aclara cuáles), "responsable de Comunidación de ONG del Tercer Sector" que además de ser una repetición de las anteriores, sigue sin aclarar qué ONG).

En la información se repite 3 veces el concepto de departamento de comunicación, no sabemos si para hacer bulto. También se repite el concepto de community manager, y se añade el dato de que ha llevado el posicionamiento web de una tienda online de bisutería (siempre sin aclarar cuál).

Por último dice que fue "responsable de newsletters, diseño y elaboración".

Información de El Plural del 2 de junio de 2018

García Torres participó en una polémica por haber dicho que "la leche no es necesaria", que "el hombre es el único mamífero que roba leche a otra especie", que "consumir leche es un maltrato animal" y parece ser que depidió a dos trabajadoras de su bar vegano durante su baja médica.

Miembro de Podemos, ha participado en numerosos actos del partido y pertenece al equipo de Íñigo Errejón en las elecciones municipales de 2019. 

Juan José Omella, cercano al Papa Francisco, carga contra las políticas de igualdad y género en su última pastoral, titulada 'Varón y mujer los creó' "Ante la deconstrucción de la visión de la persona humana que propone la ideología de género, ante este desafío educativo, no podemos dejar la familia sola", afirma El cardenal lamenta que se defienda que "la identidad de la persona (hombre o mujer) no se define biológicamente, sino que vendría determinada por los propios sentimientos y deseos individuales".

(...)

sin embargo, respecto a la lucha por la igualdad, el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, se suma a las tesis más reaccionarias.

La Iglesia ha declarado en varias ocasiones que, para ella, la retirada legal de sondas constituye una eutanasia Que aquellos que compartan dichos dogmas sean libres de elegir reforzar su sufrimiento, pero que no obliguen a personas que no comparten estas creencias a seguirlas con el disfraz de una justificación médica que no existe

Tumban la demanda de Iglesias en el Tribunal Supremo en la que acusaba a OKDiario de información falsa sobre un pago de 272.000 dólares por parte de autoridades venezolanas en una cuenta de Iglesias de un paraíso fiscal. 

La sentencia del Tribunal

Desde enero de este año se han contabilizado 509 muertes a manos de agentes policiales en Estados Unidos. De ellas, 123 personas eran afroamericanos, según datos del diario The Washington Post, a falta de datos exhaustivos oficiales. La fuente no distingue entre actuaciones policiales justificadas y no justificadas.

El País titula resaltando el número de negros muertos a manos de la policía, cuando la de blancos es muy superior.