La sentencia de la Suprema Corte supone una victoria no solo para los colectivos feministas que durante décadas han luchado por el reconocimiento del derecho al aborto, sino para toda una sociedad que desde hoy puede presumir de ser más justa

La Suprema Corte de Justicia de México ha tomado una decisión histórica y necesaria al despenalizar el aborto. La sentencia supone una victoria no solo para los colectivos feministas que durante décadas han luchado a brazo partido por el reconocimiento de este derecho básico, sino para toda una sociedad que desde hoy puede presumir de ser más justa. A diferencia de la involución que ha sufrido Texas y de las aberrantes legislaciones de Nicaragua u Honduras, México ha elegido una senda que ha de servir de guía a otros países de América.

Los argumentos aportados por los ministros en su fallo, aprobado por unanimidad, reflejan el alcance de la medida. Junto al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, los jueces reconocen la obligación del Estado a garantizar el aborto como parte de la sanidad pública y la necesidad de acabar con la criminalización y persecución de quienes optan por interrumpir el embarazo. Una amenaza que, como ha señalado el propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, recae casi siempre sobre las mujeres más pobres y marginadas. No son palabras menores en un país donde cada año se practican casi un millón de abortos clandestinos, un tercio de los cuales derivan en complicaciones que requieren atención médica urgente.
Alcanzada la victoria judicial, ahora le llega el turno al Congreso de aprobar las leyes que le den cobertura plena y derriben las barreras estatales que aún queden (la sentencia tiene efecto inmediato en Coahuila, origen del caso, y en el resto de estados es un precedente obligatorio para todos los poderes judiciales). En otras decisiones, como fue el fallo sobre el uso recreacional de la marihuana, el Parlamento prefirió mirar hacia otro lado y puso el asunto en el congelador. Es de esperar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su grupo parlamentario no incurran en semejante desatino y movilicen todas sus fuerzas. Dejar la sentencia sin desarrollo legislativo sería un flaco favor a sus ciudadanos y a la Constitución. Aunque hay territorios, con la Ciudad de México a la cabeza, donde el aborto es legal, todavía quedan amplías zonas en las que imperan los horrores de la clandestinidad.

Poner fin a esta inadmisible sangría, reconocer la responsabilidad del Estado y solidificar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo son triunfos de un México progresista. Un país en el que, más allá de los prejuicios, late una sociedad solidaria y moderna, con una Suprema Corte que ha demostrado estar a su altura. Toca que el Gobierno y los congresistas también lo estén. El daño de no lograrlo sería demasiado alto.